No bien comenzó la sesión y se habilitó el debate, quedó en claro que la pelea –incluso dentro del bloque oficialista– sería sin tregua. Un núcleo de los diputados del norte argentino anticipó que discutiría cada uno de los 30 artículos del proyecto impulsado por el kirchnerista Miguel Bonasso, que crea presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos. Al cierre de esta edición –en absoluta minoría y tras más de seis horas de debate– los legisladores norteños debatían cada punto del texto, aprobado en general el 23 de noviembre, pero que poco tiene que ver con el original. Las provincias reclamaron “la soberanía sobre sus territorios” y hasta “compensaciones económicas por cuidar el medio ambiente”. La iniciativa debe pasar por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto quedó relegado el año pasado. Después de varios intentos frustrados, la iniciativa fue votada en general pero nunca se aprobó su extenso articulado. El tema no fue incluido en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, aunque hubo acuerdo para tratarlo en la primera sesión de este año. Pero el proyecto de ley sufrió varias modificaciones para morigerar las críticas de las provincias norteñas, aunque los cambios no alcanzaron para evitar que el oficialismo votara dividido. Los diputados de las provincias productoras de madera, como Misiones, Formosa y Salta, encabezaron la resistencia.

Por primera vez, Bonasso defendió el proyecto y enfrentó el debate sentado en el medio del bloque Frente para la Victoria-PJ, al lado del bonaerense Mariano West y banca de por medio de Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista. Desde allí, el titular de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente volvió a denunciar la existencia de un fuerte lobby sojero y maderero para frenar la prohibición de talado, pero admitió que aceptó algunas modificaciones –como la eliminación de la declaración de la emergencia forestal– “para que la ley salga”.

“No hablamos sólo del paisaje, hablamos de seres humanos”, que están siendo “expulsados por una nueva oligarquía: sectores concentrados de la producción maderera y sojera”, insistió Bonasso. La arista Marta Maffei le puso cifras a la “devastación de bosques originarios” y las consecuencias para los pueblos originarios: “En los últimos tres meses, el gobierno de Salta autorizó el desmonte de 14 mil hectáreas que desataron el éxodo de varias comunidades indígenas que se quedaron sin tierras”.

Varios justicialistas estuvieron entre los más críticos. Juan Manuel Irrazábal (PJ-Misiones), reclamó la sanción de “un régimen de compensación económica para las provincias que defienden el medio ambiente”. Zulema Daher (PJ-Salta), se quejó de las presiones “realizadas por Internet” a quienes se oponían al proyecto.

La justicialista formoseña María De la Rosa afirmó que en el proyecto “se han excedido los presupuestos mínimos” y sostuvo que “vulnera las economías regionales y las jurisdicciones provinciales”.