El juez federal Jorge Ballestero resolvió la elevación a juicio oral de los hechos conocidos como “la mafia del oro”. Con Enrique Piana a la cabeza, una veintena de imputados, entre los que se encuentran ex funcionarios menemistas, ex ejecutivos de la city y ex empresarios, deberán responder a los cargos de defraudación al Estado, estafa y asociación ilícita. La causa se inició hace catorce años por denuncias de la entonces Dirección General Impositiva y la Aduana. La DGI había observado que, pese a no tener una mencionable producción de oro, Argentina mostraba una creciente exportación de objetos fabricados con ese metal precioso. La investigación revelaría que, valiéndose de una normativa creada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, el financista Enrique Piana se había constituido en el principal beneficiario de reintegros impositivos derivados de falsas operaciones de comercio exterior.

La maniobra se consumó entre julio de 1993 y febrero de ’95 y consistió en la adjudicación a particulares de cupos de oro que ingresaban al país con posiciones arancelarias privilegiadas y estaban destinados a autoridades e instituciones bancarias. Estos cupos fueron otorgados para supuesta fabricación de productos exportables. El gran adjudicatario de tales cupos y, por lo mismo, de los reintegros, fue Enrique Piana, titular de Casa Piana, una antigua firma especializada en el acuñado de monedas y medallas. Para llevar a cabo ese montaje hacían falta leyes y funcionarios que ampararan el magnífico negocio, contadores que lo blanquearan en los libros y registraciones, redes de aparentes proveedores y documentación respaldatoria de tales servicios, complicidades para el traslado y la gestión aduanera, compañías reales o ficticias que, en el exterior, simularan la compra –a precios más que sobrevaluados– de la mercadería exportada. El oro del que ésta estaba compuesta era posteriormente fundido y vendido en el lugar de destino (Estados Unidos). En Buenos Aires se cobraban los reintegros.

Los nombres de los imputados por el juez Ballestero pertenecen a cada una de esas etapas: Enrique Piana, en su condición de propietario y presidente de Casa Piana; el vicepresidente de la firma, Miguel Seligmann, Carlos Augspach y Martín Suárez Anzorena, importantes ejecutivos del holding y Eduardo Vázquez, asesor jurídico de la sociedad; los ex funcionarios de Cancillería Jorge Campbell y su segundo Marcelo Avogadro, lobbistas de Piana desde y en el gobierno; el presidente de Express, experto en gestiones aduaneras, Mario Grinspun y sus empleados Jorge Minici y Juan Arranz. Todos se encuentran incursos en los delitos de defraudación y asociación ilícita. En el caso de Piana, su rol es, para el juez, el de cabeza de la organización. A los contadores Carlos Tarsitano y Jorge Mengarini, Ballestero les aplicó sólo las figura de defraudación y estafa. Aquellos a quienes el expediente caracteriza como “primera línea de proveedores” y “segunda línea de proveedores” (es decir, los que cumplían servicios para los proveedores de primera categoría) han sido imputados asimismo de los cargos (asociación ilícita, defraudación y estafa). Se trata de L. E. R., de la empresa Rodhio); Eduardo Carlos Roggenbau, de Eise, Marcelo de Laurentis, de Dallas Instrument, Antonio Lanusse y Luis Machado, del Banco Baires, Domingo Bonifacio, de Drizinc SRL, Raúl Garegnani y Alberto Atilio Giusti. La resolución consideró que tanto S. R. (mujer de R.) como Ricardo Naka, de la empresa Nakril no pueden ser considerados parte de la asociación ilícita.

Los procesados aguardaran en libertad la celebración del juicio. Si bien enemistados en la actualidad, Piana y Seligmann vuelven a coincidir en los nuevos negocios que encararon tras el escándalo y también en la región elegida para desarrollarlos: Piana abrió un frigorífico especializado en carne kosher; Seligmann produce mieles orgánicas. Ambos emprendimientos fueron radicados en la Patagonia.