“Hubo avances, pero persisten prácticas violatorias a los derechos humanos”, fue la síntesis de Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al presentar el informe anual de los derechos humanos en Argentina. Una de cal y una de arena fue el método del análisis de la situación, resumido en diez capítulos temáticos. “La desaparición del testigo Julio López es un ejemplo de la debilidad del Estado, porque no sólo no lo previeron sino que luego tampoco tomaron medidas tan urgentes como necesarias”, expresó Chillier. En una muestra de que abordan los derechos humanos también como económicos y sociales, el CELS señaló que “a pesar del crecimiento económico y la mejora en los índices sociales, se mantiene la debilidad en el diseño e implementación de políticas sociales y no se ha avanzado hacia un esquema universal que garantice un ingreso básico”.

Desde hace doce años el CELS produce una radiografía de la situación de los derechos humanos en el país. El informe de este año, que releva hechos ocurridos hasta diciembre de 2006, se genera en el contexto de la reapertura de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En tal sentido, le preguntaron a Chillier si es suficiente que hasta ahora haya habido sólo dos represores condenados, en alusión a Julio Simón y Miguel Etchecolatz. “Sí, es poco”, se sinceró. “Pero antes las instituciones no estaban preparadas para esta nueva etapa”, completó. Al enumerar las prácticas violatorias de los derechos humanos que persisten mencionó los abusos policiales, la situación de las personas privadas de su libertad, las falencias en la investigación de casos de torturas y la deficiente administración de justicia.

Tal como hizo hace dos semanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la organización puso en la columna de lo positivo “el fortalecimiento del estado de derecho, la reanudación de los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y el cierre del ciclo de renovación de la Corte Suprema”. En contraste, colocaron como negativo “la continuidad de situaciones de hacinamiento y violencia institucional en cárceles del país, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, la persistencia de graves prácticas de violencia policial y el mantenimiento de actividades de inteligencia ilegal en las Fuerzas Armadas”. También apuntaron que “persisten núcleos elevados de fragilidad institucional entre los que se destaca la reforma negativa del Consejo de la Magistratura, la falta de independencia de algunas justicias provinciales y la incapacidad del Estado para producir información en áreas clave”.

En cuanto a la “memoria y justicia por los crímenes de la dictadura”, el logro de las condenas a Simón y Etchecolatz se ve empañado por los “intentos de desestabilización” de los juicios, con la desaparición de López como generador de “un efecto intimidatorio para jueces, fiscales y querellantes”. Al respecto, Chillier sostuvo que es necesaria “una política integral de protección, que va más allá del cuidado físico”.

Sobre la violencia institucional, el CELS destacó el “descenso de las muertes, de 150 en 2001/02 a un promedio de 50 en el último año”. Página/12 consultó sobre la diferencia con las cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), según las cuales esta modalidad represiva ha ido en aumento. La entidad respondió que tiene “un método más estricto de selección de casos” y que la diferencia no radica en los números de una y otra organización sino “en la forma en que son presentados”. En este punto, remarcó como un logro las reformas en la Policía Bonaerense y como una falencia la ausencia de cambios en la Federal. De todos modos, Chillier afirmó que “persisten prácticas sistemáticas de violencia policial”. En el informe dan cuenta de 14 ejecuciones sumarias detectadas en la región metropolitana. El CELS calificó de acertado el “sostenimiento de la decisión de no represión” de las manifestaciones públicas, tales como la de Gualeguaychú. Pero remarcó que hay “situaciones contradictorias frente a la protesta, como en Santa Cruz (Las Heras), Chaco, Mendoza y ciudad de Buenos Aires”, que hubo “criminalización de la protesta” en el caso de la Legislatura e ineficiencias en la respuesta judicial por la represión de diciembre de 2001. La entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky objetó el nuevo marco regulatorio del servicio de agua potable y saneamiento, además de cuestionar la “continuidad del esquema regulatorio de los medios de comunicación”, que fomenta la “concentración del mercado” y la “ausencia de criterios explícitos de asignación de la pauta publicitaria oficial”.