Eduardo Barcesat y Roberto Boico, abogados de la querella en la causa abierta por el secuestro y desaparición forzada de Conrado Higinio Gómez, Horacio Palma, Victorio Cerutti y Osmar Masera Picolini, pidieron a la Cámara de Casación Penal que confirme la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. La cuestión llegó a esta instancia luego de que el juez federal Claudio Bonadío y la Sala II de la Cámara de Apelaciones declararan la “inconstitucionalidad y nulidad insanable” de las leyes 23.492 y 23.521 dictadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Ayer, durante una audiencia oral, los abogados plantearon que se trató de leyes “dictadas a punta de pistola”. El caso tiene como acusados a los represores Jorge Rádice y Alberto González, ambos de la Marina.