Las organizaciones que luchan para reducir la tenencia de armas de fuego en la sociedad civil se quejaron de la demora oficial en poner en marcha el programa que alienta a la gente a entregar de forma voluntaria sus armas a cambio de dinero. La fecha original de lanzamiento de ese plan era el lunes pasado, según habían acordado las organizaciones con el Renar, pero el decreto reglamentario necesario para la puesta en marcha no pudo esquivar los enredos de la burocracia y todo quedó aplazado. “El tiempo sigue pasando, y los hechos de violencia con armas no cesan”, marcó Adrián Marcenac, padre de una víctima del abuso de armas de fuego, que trabaja junto a la Red Argentina para el Desarme (RAD).

Darío Kosovsky, miembro fundador de RAD, resaltó la “gran preocupación” de las organizaciones pro-desarme por el retraso, que tiene como única justificación oficial “que (el presidente Néstor) Kirchner no firmó un decreto, según palabras del ministro (del Interior) Aníbal Fernández”. “El Presidente lo anunció en octubre pasado, el Congreso aprobó la ley en diciembre y Kirchner la promulgó a mediados de enero. Pero todavía no se concretó”, advirtió Kosovsky, en diálogo con Página/12.

Las organizaciones se reunieron el lunes pasado con el ministro del Interior para solicitar que el programa se ponga en vigor de manera urgente, y le plantearon que las cuestiones prácticas necesarias para la puesta en marcha ya están resueltas. Es decir, lo único que falta es la decisión política final. Ante esto, Fernández argumentó que “los tiempos administrativos son diferentes a los de la sociedad civil” y entregó como nueva fecha tentativa para el lanzamiento “la semana que viene”.

“Nosotros no conocemos los tiempos de la administración pública, pero como damnificados sentimos que los pasos son muy lentos. El ministro nos explicó que para lo que tardan normalmente en salir las leyes, esta avanzó rapidísimo, pero a nosotros se nos está haciendo eterno y por eso seguiremos presionando, porque este plan debe ser el primer paso para reducir la tenencia de armas”, aseguró Marcenac. Su hijo, Alfredo, fue asesinado por Martín Ríos, el llamado “tirador de Belgrano”.

Fuentes cercanas a las organizaciones relacionaron la dilación de la cuestión con “un intento por evitar, en un año electoral como éste, el debate social y las controversias que genera este tema con los sectores que defienden la tenencia de armas y la mano dura. La voluntad política con este tema disminuyó con el paso de los meses y el acercamiento de los comicios de octubre”.

La postergación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se dio el mismo día de la masacre en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y las ONG señalaron que ese episodio “vuelve a poner en el centro de la escena el peligro y la letalidad de la indiscriminada proliferación de armas de fuego” tanto en ese país como en Argentina, donde “es cotidiana la sucesión de violentos conflictos interpersonales entre vecinos o conocidos que terminan con la muerte de uno de los protagonistas” por el amplio acceso a las armas que existe.

El plan de desarme prevé un incentivo monetario de entre 100 y 450 pesos para que las personas que tienen armas, sean registradas o no, las entreguen voluntariamente al Estado para su destrucción, durante un período de 180 días a partir de su puesta en marcha. El incentivo dependerá del tipo de arma que se entregue y su valor en el mercado. Además, para evitar que el programa se transforme en una herramienta de investigación de antecedentes o deudas con el Registro Nacional de Armas (Renar), la cesión será anónima.

La norma que le da marco legal declara “la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados y no registrados, durante el término de un año”.

Según números del Renar, en la actualidad hay registradas 1.250.000 armas en manos civiles, 550 mil son utilizadas por las fuerzas de seguridad y se estima que en el mercado negro circulan más de 800 mil.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.