Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron beneficiados con el régimen de arresto domiciliario por la Cámara Federal de Tucumán. De acuerdo con esta medida, el juez federal de esa provincia, Jorge Parache, emitió las órdenes para que los acusados sean trasladados a sus respectivos domicilios. Parache había desestimado el pedido de las defensas de los represores, pero el tribunal de apelación decidió concederles el beneficio en virtud de la edad avanzada de los dos militares acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.