El gobierno de Entre Ríos decidió asumir un papel protagónico en la ofensiva contra la instalación de la pastera Botnia y le pedirá a la Cancillería que “elabore una nueva medida cautelar” para presentar ante la Corte Internacional de La Haya en el momento en que la compañía finlandesa inaugure la planta de pasta de celulosa en Fray Bentos. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y de varios legisladores entrerrianos, que promoverán en el Congreso “un debate para insistir en la medida cautelar” y una resolución de ambas cámaras para motorizar la actuación del Palacio San Martín. El gobierno uruguayo confirmó que Botnia reinició ayer sus pruebas y ratificó que la planta “estará en funcionamiento a fines de octubre o principios de noviembre”.

La decisión fue comunicada ayer en Paraná por la fiscal del Estado entrerriano, Claudia Mizawak; el secretario de Medio Ambiente, Gabriel Moguilner, y el coordinador de la Asamblea de Gualeguaychú, Juan Carlos Quinteros. “Consideramos procedente esta acción judicial debido a que la planta va a entrar en funcionamiento antes de que haya sentencia del máximo tribunal por la cuestión de fondo”, sostuvo Mizawak. “La acción se enmarca en la generación de un nuevo dato, que sería la puesta en marcha de la planta, respetando el pronunciamiento de la Corte al momento del anterior pronunciamiento cautelar”, insistió Moguilner.

La primera medida cautelar presentada por Argentina en La Haya fue rechazada porque el Tribunal entendió que no estaba probada la “presunción” de contaminación de la pastera, aunque la resolución de la Corte dejó abierta la posibilidad de que las partes en litigio (Argentina y Uruguay) puedan volver a recurrir a presentaciones cautelares ante la presencia de “situaciones nuevas”. Esta vez, el gobierno entrerriano plantea que la estrategia jurídica debe basarse en que la apertura de la pastera será una nueva violación al Tratado bilateral del río Uruguay.

Desde Montevideo, fuentes del gobierno uruguayo afirmaron que Botnia retomó ayer el “período de pruebas”, que desembocará en su inauguración “entre fines de octubre y principios de noviembre”. El viceministro de Medio Ambiente de Uruguay, Jaime Igorra, precisó que la empresa finlandesa “reforzó la seguridad en la planta” y agregó que “las medidas obedecieron al tipo de pruebas que se hacen en medio de cinco mil operarios”. Igorra también dijo que su gobierno mantiene la idea de colocar un tablero electrónico en la plaza principal de Fray Bentos y en las zonas aledañas para facilitar que “el monitoreo (del funcionamiento de la planta) sea compartido”.