La Corte de Apelaciones de Roma sostuvo que está “ampliamente probada la responsabilidad” de cinco represores argentinos, que actuaron bajo la órbita de la ESMA y asesinaron a tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la dictadura. Así lo afirmó al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua dictada contra cinco oficiales de la Armada por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos desaparecidos en el país durante el último gobierno de facto. La Justicia italiana reserva para “casos gravísimos” la aplicación de un año “sin ver el sol”, y eso es lo que les tocó a los cinco ex jerarcas de la ESMA.

La corte italiana estableció que “es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados” en esas muertes, incluso porque “en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina”, según informó la agencia Ansa. Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactados por el tribunal que preside Mario Lucio D’Andria. El fallo había recaído sobre los marinos represores Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Jorge Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vanek, imputados de “homicidio voluntario múltiple premeditado” de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.

Este fallo fue recibido con aplausos en el mes de marzo en el Ministerio de Educación, cuando su titular Daniel Filmus, el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dialogaron a través de una videoconferencia con funcionarios italianos y con Estela de Carlotto, quien había viajado a Italia para escuchar la sentencia.

Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires. Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada –por Abuelas de Plaza de Mayo– bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez. Si bien el matrimonio admitió ante la Justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.

En marzo, Carlotto relató que se puso “eufórica” al conocer el fallo, al que consideró como “un ejemplo internacional para no tapar la historia”, y que “ayudará a que se cumplan las condenas en Argentina”.

El juicio en Roma se había llevado a cabo sin los acusados presentes y la condena no implica para ellos ningún efecto concreto, en tanto no tengan afán viajero porque representa un impedimento para salir del país: la Justicia italiana emitiría de inmediato un pedido internacional de captura en su contra.