El juez penal tributario Javier López Biscayart se lanzará a investigar a todos los proveedores del Estado: quiere determinar cuántos y cuáles son sociedades fantasma, qué organismos las contrataron y quién lo autorizó. El magistrado resolvió profundizar esta pista dentro de la megacausa en la que busca reconstruir el funcionamiento de una asociación ilícita que comercializa facturas truchas y toda la ingeniería para evadir impuestos. Es el mismo expediente que llevó a descubrir el caso Skanska, donde se utilizaron comprobantes falsos con el doble propósito de burlar al fisco y repartir sobornos en dos obras públicas.

Como parte de esta pesquisa, hace poco más de un mes López Biscayart desplegó un operativo gigantesco que incluyó sesenta allanamientos en oficinas y dependencias ligadas a “sociedades pantalla”. También envió órdenes de presentación a más de 500 empresas, bancos, sindicatos y organismos públicos, a quienes les exigía que le entregaran los contratos celebrados con firmas que serían ficticias.

En el juzgado ya se acumularon 17 cuerpos de documentación entre respuestas y cuestionamientos al requerimiento de información. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya admitió tener facturas por unos 15 mil pesos de Videomedia Editora, sospechada de ser un sello de goma. La Cámara de Senadores bonaerense, que –según fuentes judiciales– tendría bastantes más, pidió una prórroga que le fue concedida por diez días.

La Gendarmería, que también estaba en la mira, negó ante el juzgado tener registro de operaciones con la lista de empresas dudosas que le señaló López Biscayart. Sin embargo, la fuerza de seguridad entregó documentación que cerca del juez consideran de gran utilidad para abrir nuevas vías de investigación, informaron allegados a la causa. Entre otras cosas, sugirió que el listado oficial de proveedores de la administración pública podría incluir empresas de la base de datos “apoc” (por empresas apócrifas) de la AFIP.

Durante la próxima semana, López Biscayart estará de licencia, pero a su regreso –según pudo saber Página/12– podría requerirle al Gobierno el registro de proveedores del Estado, que depende de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete. Quiere determinar si hay sociedades truchas incluidas en esa nómina, qué organismos las contrataron, en qué contexto y con qué aprobación.

¿Para qué serviría toda esa información? Permitiría ayudar a identificar nuevas piezas de la organización que vende facturas apócrifas. Pero también podría revelar si alguna repartición pública las utilizó para inventar gastos y disimular pagos ilegales. Esto último, en realidad, podría derivar en otro expediente penal. Los investigadores, de todos modos, no descartan que alguna área estatal haya actuado de buena fe sin saber que recibía comprobantes falsos.

Las sociedades ficticias, también llamadas “usinas”, suelen inscribirse en la Inspección General de Justicia como si nada hasta que un día –cosa que no siempre ocurre– alguna inspección de la AFIP advierte algo extraño. Por lo general son empresas sin empleados, con un objeto social demasiado amplio y difuso, que registra operaciones que no se corresponden con ese objeto y cuyos miembros carecen de solvencia suficiente.

La causa judicial relacionada con Skanska, precisamente, se inició por una denuncia del ente recaudador que permitió establecer que esa constructora sueca tenía en sus balances gastos falsos (por cerca de 17 millones de pesos) consignados por medio de 118 facturas apócrifas provenientes de 23 firmas distintas, algunas “apoc” y otras no. La propia empresa sueca reconoció que fue una maniobra para eludir impuestos y pagar “comisiones indebidas” en la adjudicación para las obras de los gasoductos Norte y Sur, que impulsó el ministerio de Planificación.

López Biscayart dictó procesamientos por evasión. El juez federal Guillermo Montenegro está tomando indagatorias por las coimas y posibles sobreprecios. Además, denunció doce casos donde también podría haber pagos ilegales en obras públicas, algo que coincide con la nueva línea investigativa que ahora sigue el juez penal tributario.