La batalla que mantienen el Gobierno y la empresa Shell tendrá hoy una nueva escalada. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ratificará ante la Justicia el pedido de arresto contra las máximas autoridades que la multinacional tiene en el país, por desabastecer el mercado de gasoil en varias oportunidades. Si el delito se comprueba, el presidente de la filial local, Juan José Aranguren, podría ser condenado a cumplir hasta cuatro años de prisión. Shell es una de las pocas empresas que cuestionaron de manera reiterada la política económica oficial y desde hace varios meses afirma que es víctima de una persecución. En el Gobierno sostienen que lo único que buscan es poner fin a los incumplimientos y generar un caso testigo para evitar que ese tipo de conductas se propaguen. Sin embargo, una eventual foto de Aranguren preso también tendrá repercusión internacional, pues Shell es una multinacional líder en el ámbito global.

En una solicitada publicada el viernes, la compañía negó que haya acaparado gasoil y denunció que está siendo discriminada y perseguida. “Si bien es público y notorio que los faltantes de gasoil en los últimos tiempos han ocurrido en estaciones de servicio de varias compañías petroleras y no solamente de Shell, de un total de 800 inspecciones realizadas durante 2007, el 64 por ciento fueron dirigidas contra Shell, cuando nuestra compañía tiene una participación del mercado de gasoil del 13 por ciento”, dice el texto firmado por Aranguren, quien asumió toda la responsabilidad sobre los actos de la empresa, para que cuando Moreno ratifique el pedido de prisión y deba precisar a qué persona va dirigido lo acuse sólo a él y no a todo el directorio de la firma.

La respuesta oficial no se hizo esperar: “En esa misma solicitada la empresa admite haber desabastecido el mercado, aunque luego busque diluir su responsabilidad argumentando que todas las petroleras lo hicieron”, señaló a Página/12 una alta fuente oficial. En el Gobierno acumulan como prueba decenas de expedientes, a los que accedió este diario, donde se incluyen las actas de los inspectores certificando los faltantes de combustible y declaraciones de estacioneros de Shell que afirman haberse quedado sin gasoil porque se les agotó el cupo mensual que la empresa les había asignado.

El Gobierno quiere asegurar el abastecimiento de combustible para evitar una desaceleración en el ritmo de crecimiento, pero además le interesa dejar en claro que no está dispuesto a liberar los precios en el mercado interno como viene reclamando Shell. Al solicitar una sanción tan dura quiere forzarla a aceptar definitivamente las reglas del juego o a que abandone el mercado, vendiéndole su parte a alguna compañía que simpatice con la política oficial. Eso le serviría además de caso testigo para evitar nuevas rebeliones empresarias. A comienzos de 2005 la firma evaluó retirarse e incluso el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reconoció que había estado negociando para que Pdvsa comprara la filial argentina, pero finalmente la operación se descartó y la multinacional angloholandesa confirmó que se quedaba.

El conflicto entre el Gobierno y Shell estalló el 10 de marzo de 2005 cuando el presidente Néstor Kirchner llamó a boicotear a la firma por haber aumentado sus precios (ver aparte). A partir de ese momento la relación siempre fue tensa, pero se terminó de resquebrajar en octubre del año pasado cuando la Secretaría de Comercio sancionó la resolución 25 que fija las normas sobre comercialización de gasoil.

Allí se establece que las empresas deberán cubrir de forma “razonablemente justificada” el total de la demanda. Se especifica que la comercialización debe respetar como mínimo los volúmenes abastecidos en igual mes del año anterior, más un incremento acorde con el crecimiento económico. Además se advierte que, en caso de incumplimiento, la Secretaría de Comercio queda facultada para aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680, que prevé multas y hasta cuatro años de prisión si la falta adquiere “especial gravedad”.

Desde entonces, Moreno comenzó a realizar decenas de inspecciones y le aplicó a Shell cerca de cincuenta multas de un millón de pesos cada una por faltantes detectados en distintas estaciones de servicio del país. Esos montos son los más altos que permite la ley. Página/12 tuvo acceso a los expedientes donde se detallan las infracciones. Allí se citan declaraciones de dueños y empleados de estaciones de servicio de Shell, los cuales explican que al momento de la inspección no tenían gasoil para la venta porque se les había vencido el cupo y recién se reanudaría la entrega al mes siguiente. Esas declaraciones dejarían en evidencia que los faltantes son comunes.

También figura la respuesta de la compañía multinacional que rechazó las manifestaciones atribuidas a los estacioneros, negó que fueran representantes de la firma, y apeló sistemáticamente cada una de las sanciones argumentando que no corresponden porque lo que se detectó fueron incumplimientos puntuales, mientras que la norma hace referencia a desabastecimiento por zonas y períodos. Además, en sus sucesivos descargos ante el Ministerio de Economía adjuntaron informes de auditoría donde demuestran haber incrementado la provisión de combustibles respecto del mismo período de 2006, tal como lo exige la resolución 25.

En los expedientes iniciados por la Secretaría de Comercio se considera “irrelevante” ese incremento dado que no sirvió para garantizar la “provisión habitual y continua del combustible”. Para Moreno las multas están fuera de discusión y, dada la situación de “excepcional gravedad” generada por los faltantes, decidió ir más allá y solicitarle a la Justicia que meta preso a Aranguren.

En su presentación ante el Juzgado Penal Económico número 6 a cargo de Marcelo Aguinsky, Moreno reclamó la aplicación de los incisos B y J del artículo 5 correspondiente a la Ley de Abastecimiento. El inciso B prevé una pena de “arresto de hasta 90 días” y el J establece que, en caso de que los hechos adquieran una mayor gravedad, “se aplicará pena de prisión de seis meses a cuatro años”. El funcionario ya había adelantado su voluntad a comienzos de julio cuando realizó la primera presentación judicial: “Vamos a solicitar que se evalúe la conducta de los directivos y que se apliquen las sanciones fijadas por ley, en su pena máxima si es posible”, afirmó en ese momento.

La vigencia de la Ley de Abastecimiento es otro de los puntos que generan polémica. La norma fue sancionada en 1974 y derogada parcialmente por el decreto de desregulación económica firmado por el ex presidente Carlos Menem en 1991. No obstante, el decreto aclara que podrá ser restablecida “para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso”.

Para la Dirección de Legales del Ministerio de Economía la norma está vigente. Así se lo hicieron saber a Moreno cada vez que solicitó un dictamen para avalar jurídicamente las multas que está aplicando. El juez Marcelo Aguinsky también cree que está vigente, pues abrió el juicio correccional y citó a Moreno para que hoy ratifique la denuncia.

Shell, en cambio, sostiene que la Ley de Abastecimiento está suspendida y, por lo tanto, rechaza las infracciones a la resolución 25. Además, la multinacional realizó formalmente una denuncia por discriminación para que la Justicia le reconozca ese estatus y así frenar los embates del Gobierno. Esta última denuncia la formuló en el juzgado Penal Económico a cargo de Diego Zysman Quirós. El juez rechazó el pedido la semana pasada, pero Shell apeló la decisión el sábado.

A medida que pasan los días, el conflicto va creciendo en intensidad y las causas judiciales se van enmarañando cada vez más. Si las partes no negocian y deciden seguir adelante hasta las últimas consecuencias, el caso podría terminar con Aranguren preso y un conflicto internacional en puerta. Shell está radicada en el país desde 1914. Tiene 850 estaciones de servicio, cerca de tres mil empleados y una facturación cercana a los 4500 millones de pesos, pero además es la segunda petrolera privada del mundo, con oficinas en 130 países y 108 mil empleados en el orden global.