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“Tengo un empresario amigo que quiere poner unos pesos en su campaña electoral, doctor.” De traje y corbata, el comisario inicia así el rito habitual de la relación entre policías millonarios y un sector de los políticos que en ese momento son concejales o candidatos a intendente. La secuencia prosigue con un camión de alimentos, ropas o zapatillas ofrecido por otro “empresario amigo”, que deriva en una distribución que el político hace en algún barrio. El origen de la mercancía es en realidad una banda de piratas del asfalto a la que decomisaron pero nunca detuvieron. Como es obvio, la relación no es ideológica: en los más grandes negocios de la Bonaerense –y en los de otras policías también– el visto bueno político-municipal es tan importante como la complicidad policial. Los desarmaderos de autos, los boliches que funcionan como prostíbulos, las agencias oficiales de quiniela que tapan pasadores del juego clandestino, los quioscos que venden droga, últimamente las metaleras que funden lo robado y otras fuentes en las que se nutren los comisarios millonarios dependen de que un político haga palanca. El comisario necesita al político para que hable “allá en La Plata” para que no lo cambien de destino, para que le mejoren la ubicación, lo asciendan o evite que lo sancionen. El político necesita del comisario para que haga la vista gorda ante los desmanes de los muchachos del local partidario o que los saque de una difícil cuando esos mismos muchachos, por ejemplo, andan en un auto robado o caen presos por algún otro delito. Debe recordarse, por ejemplo, que los asesinos de José Luis Cabezas revistaban en la Unidad Básica del barrio platense de Los Hornos: eran vendedores de drogas y ladrones, terminaron siendo mano de obra de ese crimen.
La polémica sobre la relación entre política, policía y seguridad surgió esta semana a raíz de las declaraciones del viceministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Marcelo Saín. El funcionario señaló que buena parte del crecimiento del clima de inseguridad tiene que ver con dos internas: la de policías bonaerenses contra Juan Pablo Cafiero, pero fundamentalmente la interna política del justicialismo en la que quieren deteriorar al gobernador Felipe Solá para que no se pueda volver a presentar como candidato el año que viene. La idea es que dirigentes del duhaldismo, especialmente en el nivel de punteros, concejales, legisladores y referentes distritales, boicotean a Solá, transmiten eso a los jefes policiales y éstos alientan a las bandas o las dejan hacer. Hace ya un mes, Página/12 viene señalando que existe una especie de huelga de una parte de la Bonaerense. Y no cabe duda de que los vínculos entre policías y parte de los políticos son estrechos y se forjaron en los respectivos comienzos.
Policías, políticos e inseguridad
Tres de los hechos de sangre más impactantes de las últimas semanas tuvieron como contexto el robo de autos. La clave está en los desarmaderos, que tienen protección policial y autorización municipal y son una especie de divisiones inferiores de la alianza político-policial.
- El empresario Jorge Fernández Prieto, ex presidente de la UIA de Avellaneda, fue asesinado cuando intentaban robarle el auto al entrar a su domicilio en ese distrito.
- El comisario Jorge Etcheverry fue acribillado en Lanús cuando intentaron robarle el auto. Cuando se arrojó del vehículo, lo mataron.
- A Gustavo Corval, un joven padre de 28 años, lo asesinaron en Talar de Pacheco, delante de su hijo de 3 años. El objetivo también era robarle el auto, tenía un arma y cuando trató de manotearla, lo mataron.
Lo que está sucediendo es que, a diferencia de lo que sucedía antes de la devaluación, el robo de autos se ha convertido en un delito fructífero para los delincuentes y fácil de concretar: por ello participan ladrones jóvenes, inexpertos, con problemas de drogas y que matan porque están jugados. Antes de la devaluación, el robo de autos carecía de interés: por la recesión, no había a quien vendérselos y los valores de los repuestos de autos estaban deprimidos por la importación. Ahora cambió todo: la cerradura de un coche importado cuesta 800 pesos, una caja de cambios puede trepar a 4000 y un auto nacional robado puede convertirse fácilmente en 3000 pesos en repuestos.
Hasta diciembre, a un “levantador”, como llaman los desarmaderos a quien roba autos, le daban 200 pesos por vehículo: ahora pagan 800 por el mismo coche, entre 1000 y 1500 por uno importado y 2000 o más por una 4x4. Por una Trafic, por ejemplo, le dan 1000. La roba, la deja “durmiendo” dos horas en algún lugar del Gran Buenos Aires para ver si tiene sistema Lo Jack o similar –los ladrones no tienen forma de saber si el vehículo cuenta con esa protección– y después la lleva al desarmadero, que lo convierte en 3000 pesos en repuestos. Lo grueso del negocio delictivo está en los desarmaderos, que son una de las mayores fuentes de financiación policial y política del momento. Esos verdaderos reducidores de lo robado requieren de autorización municipal y supuestamente están controlados por los municipios. En otras palabras, alguna parte del aparato político da el visto bueno para que funcionen. Por supuesto que la otra mitad es la complicidad policial, que consiste en mirar para otro lado pese a que saben que funcionan vendiendo el producto de lo robado.
“¿Necesitás habilitar un desarmadero? Andá a verlo al concejal tal o al secretario tal de parte mía”, aconseja el comisario, dando la patada inicial al negocio. Los especialistas en seguridad afirman que una ofensiva sobre los desarmaderos reduciría rápidamente algunos índices de delito.
Boliches, juego, metal
El centro del negocio de la prostitución está ahora en una gran cantidad de boliches, que directamente funcionan como prostíbulos. También, últimamente, en departamentos de los tres cordones del Gran Buenos Aires. Como se probó en la investigación de los crímenes de Mar del Plata, el boliche donde trabajaban las prostitutas no sólo mantenía a las chicas esclavizadas sino que se basaba en la complicidad y hasta la custodia policial. Nueve efectivos están ahora acusados en la causa. Algo similar ocurrió con otra investigación en San Miguel: el expediente judicial, en el que se comprobó también la esclavitud, provocó la renuncia del anteúltimo jefe de la Bonaerense, Amadeo D’Angelo. De más está decir que los boliches requieren de autorización municipal y en San Miguel, por ejemplo, quedó evidenciada la relación de los dueños de los boliches con una parte del aparato político de Aldo Rico.
El aporte de los capitalistas de juego a las campañas políticas es uno de los hechos más famosos del submundo político-policial. En verdad, los capitalistas de la quiniela ilegal tapan su negocio con agencias legales, que obviamente también requieren autorizaciones varias: de Loterías, del municipio y, por supuesto, del aparato policial que mira para otro lado respecto del negocio ilegal. Un capitalista medio tiene unos 80 pasadores que recaudan entre 200 y 400 pesos por día. Pero hay “banqueros” que manejan masas de dinero aún más grandes. Sin embargo, la explosión de las quinielas legales de los últimos años, con intensas campañas de publicidad, hizo que el juego clandestino perdiera volumen. Dejó de ser el fabuloso negocio que era la base del financiamiento político-policial. Por ello, muchos pasadores se transformaron en quiosqueros de droga, que junto con los boliches y departamentos de prostitución son los puntos clave de la venta de sustancias prohibidas. Hoy en día esa es la clave del financiamiento de los servicios de calle de las comisarías.
La asombrosa ola de robos de picaportes, placas, tapas de semáforos o bocas de tormenta tiene que ver con el crecimiento del negocio de la fundición, protagonizado por las llamadas “metaleras”. Allí se funde todo lo que se roba y, obviamente, cuenta con permisos municipales y cobertura policial. El tradicional “andá a verlo al concejal tal o al secretario tal de parte mía”, salido de boca del oficial de la Bonaerense, funciona a pleno. El súbito auge de las metaleras también tiene que ver con la devaluación: el metal se ha hecho un buen negocio, es carísimo e imposible de importar. Todos estos negocios ilegales están en la base de la relación inicial entre los policías y una parte de los políticos, pero todo apunta a otro nivel, el que ambos logran cuando llegan unos a jefes departamentales o de la Bonaerense, los otros a intendentes y gobernadores.
Después de años de relación, el comisario tal pasó a ser el gran candidato a jefe de una Departamental del intendente fulano, y el comisario cual es el candidato a jefe de la Bonaerense del probable gobernador mengano o del inminente presidente de alguna de las dos Cámaras de la Legislatura. Los aportes de los “empresarios amigos” que nunca existieron ya se blanqueron como aportes del propio comisario. Los increíbles palacios y quintas de los oficiales millonarios pasaron a ser sede de reuniones con ese político y parece obvio que el gobernador o intendente no puede desconocer que, por ejemplo, un comisario como Juan José Ribelli blanqueaba dos millones y medio de pesos en una sola operación o que declaró ante la AFIP que contaba con 700.000 pesos en efectivo. La prueba más nítida de la relación entre política y corrupción policial es que nunca se lanzó una verdadera investigación sobre las faraónicas fortunas de los comisarios.
La coincidencia entre la cumbre del político y la del policía quedó nítidamente a la vista no sólo en terreno bonaerense. Duhalde gobernador mantuvo durante siete años como
jefe de la Bonaerense a Pedro Klodzcyk, pese a que se lo acusaba de haber boicoteado la investigación del atentado a la AMIA; Carlos Ruckauf logró llevar a su custodio, Roberto Giacomino, al cargo de jefe de la Policía Federal, y Carlos Menem convirtió en llamativo millonario a quien le cuidaba las espaldas, un oscuro suboficial de la policía riojana llamado Ramón Hernández.