El ex presidente Fernando de la Rúa pasó a la historia pero sin el bronce que hubiera deseado. Las órdenes que dio el último día de su gestión serán objeto de análisis en la Facultad de Derecho porque ayer fue procesado, en un fallo inédito, por el homicidio culposo –sin intención– de cinco manifestantes y las lesiones de ciento diecisiete ocurrida tras la represión con la que sofocó la revuelta popular que lo desalojó del poder en diciembre de 2001. El juez federal Claudio Bonadío, que también lo embargó en 2 millones de pesos, no avaló la teoría del complot en su contra con la que se defendió durante todo este proceso, y consideró que De lo Rúa tuvo una conducta “imprudente y negligente” para evitar los crímenes y luego pretendió evadir su culpa con una “pretendida ignorancia o desinformación”. El magistrado encontró imposible que nada haya motivado al ex presidente a “encender un televisor o una radio o más no sea asomarse a alguna ventana y ver en panorama que acontecía en el ‘jardín de su propia casa’”. Por ello concluyó que incurrió “en una violación activa de las normas de cautela, de una diligente atención al actuar y al controlar las consecuencias de sus acciones”. En otras palabras, no puso límite al “desborde represivo”.

Al atardecer de aquel último día la mirada de De la Rúa se perdía desde los ventanales de la Casa Rosada hacia el río. A los 64 años había imaginado otra despedida de la presidencia y de su vida política. Al rato se subió al helicóptero con el que quedó en la memoria colectiva, junto con su condición de “aburrido”. Pero si hasta ahora pensaba que había podido evadir su responsabilidad penal por aquella masacre, que en todo el país costó la vida de 37 personas, ahora tendrá que acostumbrarse a la idea de ocupar el banquillo de los acusados, aunque el juez le permitió esperar esa instancia en libertad. La resolución es auspiciosa para los abogados que representan a los familiares de las víctimas porque avanza en las denominadas “responsabilidades de escritorio”, y en este caso en la más alta de la jerarquía de gobierno. Si la Cámara Federal acompaña este criterio será tarea del tribunal oral que lo juzgue consolidar este antecedente. El defensor del ex presidente, Miguel Almeyra, calificó la resolución de “escandalosa aberración jurídica con fuerte colorido político”. De la Rúa ya espera ser sometido a juicio oral en otro caso, por malversación de caudales públicos, una causa donde se lo investigó por usar los servicios como jardinero de un empleado del ex Concejo Deliberante porteño en su quinta particular. Además, el juez federal Daniel Rafecas debe resolver si lo considera responsable de haber pagado sobornos a los senadores para que aprobaran la ley de Reforma Laboral.

Las madres, los padres, los hermanos, las esposas de los que quedaron en el asfalto, el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, fueron reconstruyendo de a poco sus vidas, cada uno a su manera. Pero no dejaron nunca de reclamar justicia. Primero ante la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. Hace pocas semanas, cuando esta magistrada se apartó de la causa invocando inverosímiles razones, fueron a golpear las puertas del despacho de quien recibió el voluminoso expediente, el juez federal Claudio Bonadío. “Los medios dijeron que es una maniobra política, y nosotros esperábamos lo peor del juez, pero esto lo hizo bien, es una decisión que esperábamos desde hace cinco años. Servini no tuvo la voluntad política de hacerlo, no sabemos si Bonadío la tiene, pero lo hizo”, comentó a Página/12 María Riva, viuda de Gastón Riva, el motoquero que fue asesinado mientras circulaba por avenida de Mayo. “La única dificultad sería que pasen las elecciones, la Cámara acepte la apelación de De la Rúa, y todo vuelva para atrás, pero nuestros abogados pelearán a fondo. De la Rúa tiene que responder por todas las muertes. Esta decisión alivia la impunidad y de alguna manera le da sentido a nuestra pelea”, agregó Riva.

Dicen que estoy desconectado

De la Rúa deambulaba por los salones, pasillos y despachos de Gobierno y le dijo a la Justicia que no vio televisión ni tenía cerca una ventana como para tomar conciencia de la matanza que ocurría en torno al Palacio. Sin embargo, varias de las decisiones que tomó ocurrieron luego de escuchar y ver los canales de noticias junto a sus colaboradores. Así pareció entenderlo el juez al afirmar que “el ex jefe del Estado no usó las herramientas” que tenía a su mano para evitar los gravísimos episodios, y sostuvo que De la Rúa –a quien calificó como “experimentado abogado y legislador con importante trayectoria”– no puede sostener que ignoraba lo que ocurría en la Plaza de Mayo. “No doy credibilidad a los dichos del ex presidente, en cuanto a su desconocimiento”, expresó Bonadío, y descartó que no haya escuchado detonaciones que provenían de Plaza de Mayo. El juez también descreyó de que ningún asesor lo haya informado de los sucesos, incluida “la propia familia”. Por lo tanto, consideró que “no existen muchas dudas para sostener que Fernando de la Rúa conocía el desarrollo de los acontecimientos” y no les puso límite. “Una vez ocurridos los hechos buscó a partir de una pretendida ignorancia o desinformación evadir las responsabilidades propias de su función, faltó a su deber de cuidado, al no controlar los sucesos que se desencadenaron después que firmara el decreto por el cual estableció el estado de sitio (...) Esa falta de control derivó en la muerte de cinco personas y lesiones de otras”, agregó Bonadío. El magistrado enfatizó que los dichos del ex presidente referidos a que ese día no vio lo que ocurría ni siquiera por televisión “se dan de bruces” con las contradicciones referidas a “si vio o no vio por los medios las escenas que daban cuenta del nivel de violencia que estaba desarrollándose”. En su extensa resolución, Bonadío se permitió ironizar. “Extraña situación, donde el encartado ve televisión cuando le conviene”. Durante los primeros años de la investigación, De la Rúa evadió declarar como acusado. Cuando la Cámara se lo ordenó a la jueza esgrimió una serie de excusas, entre ellas que tenía turnos con el dentista, al punto que la abogada María del Carmen Verdú pidió su captura. Luego de escucharlo, la jueza lo sobreseyó. Ante una nueva apelación de las querellas, la sala II le dictó la falta de mérito mientras mandaba investigar qué hizo realmente por esas horas el ex presidente, si vio televisión, escuchó radio, miró por la ventana, nada de eso o todo. En esa situación le llegó el expediente a Bonadío, hace apenas tres meses.

En la casa de los Almirón en Villa Albertina, donde vive la familia del asesinado Carlos “Petete” Almirón, hubo ayer una gran algarabía. “Es una mezcla de emociones, reí, lloré, se me erizaba la piel, fue un despertar, es un paso importante”, dijo Marta Almirón, la mamá de Petete, a Página/12. “Me parece lo más sensato, que el responsable del gobierno responda. Me parece que va a llegar a juicio aunque todo esto es supertardío”, comentó Martín Galli, el bajista que fue herido y sobrevivió al diciembre negro.