Cada ocho minutos, en algún lugar del mundo, una mujer muere por complicaciones de abortos realizados en condiciones de riesgo y al menos 75 más quedan con lesiones, muchas de ellas permanentes. Con este dramático telón de fondo, se lanzó en esta ciudad un llamado mundial a la acción para que se reformen las leyes que criminalizan y restringen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y para que se practique esta intervención médica sin obstáculos en centros de salud. Fue ayer, en la Conferencia Global sobre Aborto Seguro que reúne en esta ciudad a más de setecientos participantes de setenta países –entre ellos de Argentina– entre expertos en salud pública, médicos, activistas, investigadores, abogados y funcionarios públicos. Por primera vez, en un foro mundial de esta magnitud se definió al “aborto legal y seguro como un derecho humano que debe garantizarse en todo el mundo”.

Frente a la abadía de Westminster, una de las iglesias mas visitadas del mundo y en la que fueron coronados numerosos reyes ingleses, comenzó ayer y se extenderá hasta hoy la primera conferencia global dedicada exclusivamente a analizar la problemática del aborto y sus graves consecuencias para la salud de las mujeres, especialmente pobres, cuando no se garantiza el acceso a un procedimiento con especialistas capacitados y en centros de salud adecuados. “El concepto de aborto seguro incluye el acceso a la anticoncepción”, aclaró a Página/12 Elizabeth Maguire, presidenta de IPAS, una de las organizadoras del multitudinario evento. Una de las expositoras invitadas es la directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), de Argentina, la investigadora Silvina Ramos.

Por la mañana, cuando los más de setecientos inscriptos comenzaron a llegar al Centro de Conferencias Queen Elizabeth II, una veintena de adolescentes movilizados en contra del derecho al aborto les dieron la bienvenida con un gran cartel que decía: “Las mujeres se merecen más que un aborto”. Fue la única manifestación contraria a la reunión, convocada por tres organizaciones líderes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que trabajan en el Reino Unido y países en desarrollo de Africa, Asia y América latina.

La definición del acceso al aborto legal y seguro como un derecho humano fue uno de los ejes de la primera jornada, en la que también se analizaron, entre otras temáticas, las barreras que ponen los médicos para impedir el acceso al aborto, aun en los países donde esta práctica está permitida. La estadounidense Stephanie Schlitt, coordinadora de Derechos Reproductivos de Amnistía Internacional, fue una de las expositoras que abordó el enfoque de los derechos humanos. La entidad acaba de sentar posición frente al tema hace apenas cuatro meses. Hasta ese momento no se había involucrado con la problemática del aborto. “Deben eliminarse las leyes que limitan el acceso al aborto y a servicios seguros. Es una violación cruel de derechos humanos y significa un trato inhumano y denigrante para las mujeres. Los estados tienen que garantizar que las mujeres que requieran un aborto seguro no estén expuestas a situaciones de riesgo”, destacó Schlitt. Y apuntó: “La violación de las leyes que penalizan el aborto es el acto criminal más frecuente que cometen las mujeres”. Advirtió además que “la criminalización del aborto refuerza la discriminación de género”.

En la misma línea se pronunció la abogada colombiana Luisa Cabal, directora del Programa Legal Internacional del Centro por Derechos Reproductivos (CDR), una organización con sede en Nueva York. Cabal ha sido pionera en llevar a comités internacionales de monitoreo de derechos humanos casos relacionados con la negación del acceso al aborto, en los que ha obtenido resoluciones favorables. En el primer caso –conocido como K.L. vs. Perú– en 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que se habían violado los derechos de una muchacha peruana de 17 años cuando funcionarios públicos de salud le negaron un aborto terapéutico pese a que el feto sufría anomalías de carácter fatal (la criatura vivió pocos días en los que la adolescente fue obligada a amamantarlo). En marzo de 2006, a consecuencia de otro caso defendido por el CDR ante la Comisión Interamericana, el gobierno mexicano admitió que había violado los derechos de una chica de 13 años embarazada como consecuencia de una violación y a quien se negó la interrupción voluntaria de la gestación. “La legislación que criminaliza el aborto es incompatible con el respeto a los derechos humanos”, recordó ayer Cabal en una de las mesas redondas sobre la declaración del Comité de Derechos Humanos en relación al caso K.L.

Las leyes más restrictivas con respecto al aborto se encuentran fundamentalmente en países latinoamericanos, africanos y de Medio Oriente. El caso de Nicaragua, que recientemente prohibió incluso el aborto terapéutico, fue otro de los ejes de la conferencia. Existen ahora sólo cuatro países en los que está completamente prohibida la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando está en peligro la vida de la mujer. La reforma legislativa en el país centroamericano es “un trágico ejemplo de cómo los políticos juegan con la vida de las mujeres”, denunció el ginecólogo y obstetra Arnoldo Toruno, profesional de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Desde que la prohibición total entró en vigencia, un mes atrás, ya murieron al menos cinco mujeres por no recibir asistencia médica durante el embarazo debido a que los médicos tienen miedo de ser denunciados en la Justicia: el nuevo ordenamiento legal penaliza el daño físico y psíquico al feto.

En la inauguración de la conferencia quedó claro uno de los objetivos principales de la convocatoria: los líderes de las tres entidades organizadoras –Dana Hoving, de Marie Stopes International; Elizabeth Maguire, de IPAS; y Anne Quesney, de Abortion Rights– lanzaron un llamado de acción para que las mujeres en todo el mundo tengan acceso al aborto seguro. “Esta conferencia va a favorecer que las mujeres tengan control sobre sus cuerpos”, considero Quesney, oriunda de Bélgica. “Debemos decirles a los líderes gubernamentales, a los funcionarios de salud y a las mujeres de todo el mundo que no vamos a tolerar más el silencio y la falta de acción en este tema que afecta la vida de tantas personas”, indicó la estadounidense Maguire. Cada año el aborto inseguro se cobra 66.000 muertes de mujeres en todo el mundo y deja lesiones a millones. La casi totalidad de esas muertes ocurren en países en desarrollo: en Africa, 36 mil; en Asia 28 mil y en Latinoamérica y el Caribe unas 2000.