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Los presos sin condena están de estreno. Hoy, por primera vez, podrán participar de las elecciones nacionales. Lo harán en mesas especialmente diseñadas que se habilitarán en 179 penales de todo el país. Será todo un desafío para las autoridades electorales y carcelarias, pero también para los propios detenidos. Los que decidan votar se encontrarán con boletas bien distintas a las que todo el mundo conoce: en un largo cartón tendrán que marcar con un sello una de las 17 fórmulas presidenciales; en otros cartones más grandes todavía deberán señalar qué lista les gusta para diputados y senadores. Hasta el viernes a la noche, la Cámara Electoral contabilizaba 20.148 presos empadronados, aunque según las estimaciones del tribunal votaría –con suerte– sólo alrededor del 10 por ciento por falta de documentos, y también de información.

Las autoridades de mesa serán, en su mayoría, docentes de las unidades carcelarias. Tendrán que armarse de paciencia para explicarles a los votantes lo que tienen que hacer y evitar impugnaciones. Es que los presos se encontrarán con boletas plagadas de números y partidos políticos: las de presidente y vice llevan los nombres de los candidatos (en letra pequeña) y las de legisladores sólo el número y la agrupación política. Para saber quién es quién podrán consultar una especie de instructivo. Una vez que pongan el sello (que estampa una cruz) en el cuadradito elegido deberán doblar el cartón y colocarlo en la urna.

Como buen debut, éste promete un clima de entusiasmo combinado con tropezones. “Es un primer paso muy importante que se ponga en marcha este mecanismo para garantizar el derecho a votar de los presos sin condena, eso es lo que hay que rescatar”, dice Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el organismo que promovió la iniciativa al presentar, en 1998, un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente le hizo lugar.

Habrá 223 mesas en cárceles y alcaidías de todo el país. Hay 20 unidades que corresponden al Servicio Penitenciario Federal. Del total de presos empadronados, 1261 son mujeres y 18.887 son varones. La mayoría se concentra en Devoto (950), Olmos (1000), Ezeiza (760), Marcos Paz (720), Sierra Chica (632), el complejo carcelario 1 de Córdoba (637), la prisión de Coronda en Santa Fe (230) y la Unidad 1 de Mendoza (471). Como hay cuatro presos no videntes en condiciones de votar, la Cámara dispuso para ellos boletas especiales con troquelado en Braille.

Cada voto se sumará al recuento del distrito al que pertenece el preso que lo emitió. No todos tienen domicilio donde están detenidos. La pregunta del millón, ¿quién triunfará en las cárceles?, no tendrá respuesta inmediata ya que el escrutinio se hará en la Cámara Electoral durante la semana, en un día que aún no fue fijado.

Por lo pronto, la fórmula presidencial que las encuestas nacionales dan ganadora se ubica en anteúltimo lugar en la boleta que les darán a los detenidos. La candidata de Frente para la Victoria no figura como Kirchner sino sólo como “Cristina Elisabet Fernández” mientras que su coequiper lleva nombre completo: “Julio César Cleto Cobos”. También aparecen con todos y cada uno de sus nombres “Elisa María Avelina Carrió” y “Ricardo Hipólito López Murphy”, entre otros. En cambio, otros como la flamante esposa de Raúl Castells, lucen sus apodos sin más: “Nina Peloso”, se lee.

El peso de esta elección en las cárceles será más simbólico que otra cosa. El voto de los presos no tendrá ningún poder de definición en los comicios. Los partidos, de hecho, le dedicaron un mínimo de atención. La Procuración Penitenciaria convocó a todos los apoderados a entregar por escrito sus plataformas, pero ninguno llevó nada. Sólo lo hicieron algunos candidatos sueltos (para diputado) del Frente para la Victoria, como Victoria Donda, Juan Carlos Dante Gullo y Nicolás Trotta.

Así las cosas, sólo en las unidades donde hay televisión o radio (que no es la mayoría), los procesados pudieron tener un mínimo contacto con la campaña, sus propuestas, actos y declaraciones. El procurador Francisco Mugnolo buscó, al menos, difundir el sistema, con apoyo de los docentes que dan clases tras las rejas.

Días atrás se hizo un simulacro para detectar posibles inconvenientes al momento de la votación. Algunos problemas, de todos modos, dependen de otros factores: buena parte de las personas privadas de su libertad no tiene documento, algunas están atadas a que se lo lleve algún familiar y, otras, están sujetas a la voluntad del juez del que están a cargo. En ciertas provincias, los jueces ni siquiera han comunicado a la Cámara Electoral qué detenidos procesados tienen a cargo porque no lo saben, según advierten desde la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. En la Procuración Penitenciaria alertan que, en penales importantes como el de Devoto, entre los casi 1000 empadronados sólo 230 tenían DNI sobre el final de la semana. En el complejo de jóvenes de Marcos Paz, sólo 30 de 120 tenían el documento.

De por sí el camino hacia este día que será histórico para los presos fue una larga carrera de obstáculos. El reclamo judicial del CELS tuvo respuesta en 2002, casi cinco años después de su presentación original. La Corte dictó entonces una sentencia sin precedentes: declaró inconstitucional el artículo del Código Electoral que excluía de los comicios a los detenidos con prisión preventiva y le dio al Estado un plazo de seis meses para tomar las medidas necesarias para revertir la situación. Recién en diciembre de 2003 el Congreso dictó la ley que incorpora el derecho al voto de las personas privadas de su libertad que tengan condena firme.

El Gobierno tardó casi tres años más en reglamentar la nueva norma. El secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, quien impulsó la firma del decreto, destacó que “el derecho al voto es el reconocimiento del preso como ciudadano parte integrante de la sociedad civil, e importa un presupuesto para asegurar su reinserción”.

Para dar cuenta del impacto que puede tener la medida, un informe del CELS muestra que el 63 por ciento de los presos a nivel nacional no tiene condena firme. En la provincia de Buenos Aires la proporción es aún mayor: 72,8 por ciento. “Esta situación es la que hace más relevante un sistema que reconozca los derechos ciudadanos de los detenidos que no tienen resuelta su situación procesal. En otros países más civilizados el tema no tiene semejante dimensión”, sostiene Pochak.

La Procuración Penitenciaria mandará veedores a varios penales. El Ministerio de Justicia organizó una suerte de tour penitenciario para presenciar la novedosa votación: invitó, también como observadores, al CELS, al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Poder Ciudadano, además de convocar a la prensa. Es que el voto de los presos terminó por convertirse en uno de los pocos atractivos electorales, a falta de calor de campaña.