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Los pedidos de aumentos de tarifas realizados por las empresas de servicios públicos fueron considerados “excesivos” por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. La decisión final, ratificó el ministro, se adoptará después de escuchar a los actores involucrados –entre ellos, los usuarios– en las audiencias públicas. Por las dudas, en territorio porteño ya se prepara un plan de resistencia ante un eventual tarifazo: en una reunión multisectorial convocada por la Legislatura y realizada ayer, se acordaron medidas como la presentación masiva de recursos de amparos contra los aumentos.
Los pedidos realizados por las empresas van desde un 35 por ciento de aumento para la energía eléctrica y teléfonos y un 42 por ciento para el servicio de agua potable y cloacas, hasta un 140 por ciento para el gas. “Son aumentos excesivos –estimó Lavagna–. Es lo que se va a ver después de las audiencias públicas, dijimos que todo se hará con mucha comunicación y transparencia.” El ministro ratificó que habrá una “tarifa social” para que los incrementos no afecten a los sectores de más bajos recursos. “Después de las audiencias, habrá unos ocho días para que el gobierno nacional tome su decisión”, agregó.
Antes de que llegue ese momento y sea demasiado tarde, en la Legislatura se organizó un plan para resistir el aumento. Además de legisladores de distintos partidos, estuvieron presentes el titular del Banco Ciudad, Roberto Feletti; el presidente del Ente de Control de los Servicios Públicos en la Ciudad, Néstor Vicente; el titular de Fedecámaras, Roberto Manusovich; el defensor adjunto del pueblo, Gustavo Lesbegueris, y representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación Coordinadora de Usuarios y Contribuyentes.
“Entre 1993 y 1999, las empresas privatizadas de servicios públicos ganaron 6 millones de dólares por día y sus tasas de rentabilidad fueron hasta cuatro veces superiores a las de sus casas matrices. Como contrapartida, han incumplido sus compromisos contractuales”, dijo el diputado Cristian Caram, autor de la convocatoria. Según el legislador, las propuestas que se consensuaron fueron “inundar de amparos los estrados judiciales, organizar movilizaciones callejeras y autorizar por ley al Banco Ciudad a cobrar las facturas de los servicios sin el incremento autorizado”. En otro ámbito, la diputada Elisa Carrió acordó con el Foro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores la conformación de un “frente opositor” al aumento de tarifas.