Tiene todos los ingredientes de un policial de Hollywood. Teléfonos pinchados, ladrones que se hacen pasar por famosos, cuentas bancarias que se evaporan a 10 mil kilómetros de distancia, espionaje y recontraespionaje. Una gran pero gran estafa. La especialidad de la banda: adueñarse de los millones depositados por argentinos ricos en el exterior. Cinco policías federales, tres de ellos comisarios, y un agente de la SIDE quedaron involucrados en la investigación judicial y serán indagados la semana próxima, como sospechosos de asociación ilícita.

Uno de los allanamientos más cinematográficos y cruciales de la investigación, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, ocurrió en una mansión amurallada de casi cuatro manzanas en Pilar, a fines del año pasado. Era la casa de Marcelo Pi-zzini, un hombre de 41 años, líder de la sofisticada banda, que vivía rodeado de tres piletas, una de ellas climatizada, una fuente con peces, un enorme quincho, una camioneta Eco Sport y una Dodge Ram, motos de alta cilindrada y un cuatriciclo. Allí mismo tenía montada la oficina desde donde digitaba las operaciones truchas. Sobre su escritorio apareció una de las pruebas más importantes de la pista policial: el legajo original de una de las víctimas (que contenía la copia de su pasaporte y cédula) sustraído de algún estante de la Policía Federal, de donde nunca debió haber salido.

Con sólo revolver un poco más, en la misma habitación los investigadores encontraron más legajos de la policía, hojas arrancadas de otros, fotocopias de documentos, extractos y resúmenes de bancos de todas partes del mundo. De esos papeles los estafadores obtenían claves bancarias, datos básicos y las firmas de puño y letra de los damnificados, entre quienes figuran algunos personajes conocidos como Alejandro Romay, la ex tenista María Florencia Labat y varios empresarios potentados.

Los policías implicados hasta ahora en el expediente, al que accedió Página/12, son el comisario Edmundo Domingo Maza, jefe de la División Información de Antecedentes de la Federal al momento de los hechos; el suboficial Daniel Pisapia, de la División Documentos y Certificados; el comisario Eduardo Jorge Fernández, jefe de Legajos Personales; el comisario retirado Ricardo Alfredo Mohamed y otro policía retirado, Gastón Ariel Velasco. El agente de la SIDE envuelto en la cadena se llama Néstor Raúl Luna. A partir de este miércoles serán todos indagados por el juez Daniel Rafecas. Están acusados de asociación ilícita, participación en la estafa y sustracción de documentación.

Ladrones telefónicos

Pizzini, uno de los cabecillas, fue detenido en su majestuosa casa en diciembre de 2006, igual que otros diez cómplices. Y aquí viene una de las peculiaridades de esta historia: dos de ellos eran empleados de Telecom, cuatro estaban vinculados a la subcontratista TEL 3 y había un vendedor de productos de telefonía que venía de hacer los mismos “negocios” en España (se sospecha que es el que importó el know-how).

¿A qué se debía la presencia de tantos expertos en telecomunicaciones? Uno de los principales métodos para vaciar las cuentas de los ricos y famosos empezaba por intervenirles la línea telefónica. Iban hasta el domicilio de la víctima, buscaban en la vereda el armario donde se encuentra el llamado cable “par” de su teléfono particular y activaban el servicio de transferencia de llamada hacia un celular desde el cual realizaban los giros de un banco en el exterior a otro. Se hacían pasar por el titular del depósito desde su propio número de teléfono y atendían cuando la entidad volvía a comunicarse para confirmar la operación. Si les requerían que enviaran por fax alguna firma o documento, ya tenían todo escaneado para la ocasión: por lo general el pasaporte o el DNI.

Mientras tanto, la mayoría de las veces los damnificados tenían el teléfono cortado por un buen rato. Si entraban muchas llamadas para ellos, los impostores decían: “soy un vecino, lo que pasa es que están las líneas ligadas”, o mentiras por el estilo. La denuncia que dio origen a la causa judicial provino de la propia Telecom a raíz de los episodios extraños que ocurrían con las líneas y de las múltiples quejas de los usuarios.

El fiscal Marijuán y su secretario Juan Trujillo llevan detectadas 40 estafas con transferencias por cerca de 3 millones de dólares entre 2005 y 2006, pero suponen que la maniobra se remontaba a mucho antes. Los ladrones tenían tal nivel de especialización que en el grupo había dos personas encargadas sólo de hacer la performance telefónica al momento de llamar a una entidad en otro país: si el cliente verdadero era varón, el trabajo lo hacía Eduardo Kerschen, que manejaba muchos idiomas por su trayectoria como marino mercante (ahora retirado); y si era una mujer, se encargaba su hija Alejandra Kerschen, una analista en sistemas, ex empleada de la DGI, que habla inglés y francés. Ambos viven en countries de la Zona Norte.

Además de Pizzini, siguen presos al día de hoy Carlos Daniel Núñez, el hombre que se encargaba de gestionar las transferencias de línea telefónica, y Fabián Alejandro Gonçalves, que manejaba datos de las víctimas, se ocupaba del detalle fino de las transferencias y tendía puentes con la Policía Federal. Pero además, se pudo establecer que Gonçalves, abogado y ex empleado de un juzgado correccional, fue una de las personas que viajó a Chile, donde se hallaron algunas de las cuentas adonde iba a parar el dinero robado. No era casual: otro de los líderes de la banda, Luis Miguel Casado Córdova, es chileno y el único prófugo. En ese país se abrió paralelamente una investigación por lavado de dinero.

Mi amigo policía

Para cometer la estafa se necesitaban dos tipos de “materia prima”: la información bancaria y la documentación personal de las víctimas. La fiscalía alcanzó a determinar que la pandilla tenía algún contacto en el Correo Argentino por el cual lograba interceptar la correspondencia bancaria que llegaba desde el exterior, pero no identificó aún a los responsables. Los bancos internacionales mandan sus reportes periódicos por correo simple y en ellos figuran al menos el número de cuenta del cliente y el monto que tiene depositado. En varios casos, los damnificados advirtieron que les faltaban resúmenes cuando les preguntaba sobre el tema la fiscalía.

Las copias de pasaportes, DNI o cédulas extraídas de los legajos policiales eran facilitadas desde adentro de la Federal, aseguran fuentes judiciales. Esto se pudo determinar a través de escuchas telefónicas. Dos días antes de su detención, a Gonçalves lo descubrieron hablando con una persona que resultó ser Luna, un agente de inteligencia, según confirmó la propia SIDE en el expediente. De la conversación –a la que accedió este diario– surge, además, que Luna era uno de los nexos con la Policía Federal:

–Y bueno, ahora me voy a juntar a las 4 de la tarde porque, viste, no quiere mandarme por e-mail, ni por teléfono, nada, porque yo le pedí como un favor personal, una gentileza sobre esa persona bueno... ¿me entendés? No digo a nivel oficial, pero casi, laboralmente, por mi laburo, y bueno, a ver si lo podemos sacar como sea, aunque sea, viste, el autógrafo... –le dice Luna.

–Sí, correcto –contesta Gonçalves.

–Que es lo primordial –insiste el agente de la SIDE.

–¿Y con lo otro seguimos trabajando normal? –pregunta Gonçalves.

–Normal, sí, lo que pasa es que hubo un pequeño cambio, nada más, porque renovaron, viste, siempre cuando llega fin de año renuevan a la gente, eh, Azopardo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y al hombre, al jefe de ahí, lo sacaron, pero lo sacaron porque lo mueven, viste, rotación, vino uno, que hoy lo iban a ir a ver, para bueno... seguir el ruedo de lo que estábamos haciendo, ¿viste?

–Che, si hay que subir un poquito no hay problemas con el aumento –redobla Gonçalves.

Según la pesquisa, Luna se contactaba con Mohamed, comisario retirado, y él, a su vez, con Maza, quien como jefe de Información de Antecedentes de la Federal podía pedir legajos personales simulando trámites habituales. Maza fue trasladado a una dependencia administrativa. Luna simultáneamente actuaba en combinación con una mujer, Carmen Cossio, que le conseguía documentación de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas.

El otro canal que llevaba a la policía, a través tanto de Pizzini como de Gonçalves, era Velasco, otro uniformado retirado, que gestionaba la documentación vía el cabo Pisapia, quien por su función en el área de Documentos y Certificados tenía acceso directo a pasaportes y cédulas, además de legajos.

A los policías implicados se los acusa por la desaparición de al menos doce legajos completos y por las hojas faltantes de otros once. Todos ellos coincidían con víctimas de los robos en las cuentas extranjeras. Buena parte de las páginas arrancadas aparecieron en la casa de Pizzini y otros allanamientos. Al comisario Fernández la fiscalía no le imputa una participación directa pero pidió su indagatoria porque considera que cuanto menos fue negligente, que permitió la sustracción de la documentación.

Marijuán pidió la detención de los policías, pero el juez Rafecas consideró que no corresponde, ya que, a su entender, si bien daban “un servicio” a la banda estafadora no está demostrado su “ánimo” de pertenecer a ella. Una paradoja: al agente Luna le intervino las comunicaciones la propia SIDE. A los policías los investigó personal de Asuntos Internos y de la Investigación Técnica del Delito de la Federal.

El vaso medio lleno

Las transferencias nunca se hacían a bancos en Argentina. La plata siempre iba a alguna cuenta en otro país. En Chile, un arrepentido dijo que a cambio de conseguir donde derivar el dinero, le daban un 20 por ciento de lo depositado. Simulaban una operación (por ejemplo, inmobiliaria) y después aparentaban desistir y retiraban el dinero. Según allegados a la causa, entre diferentes bancos hubo giros por montos desde 40 mil a 200 mil dólares aproximadamente. Hubo entidades que, por sí mismas, detectaron que había operaciones sospechosas. Pero no todas devolvieron el dinero a sus clientes. El HSBC sí aceptó reintegrar los dólares. Pero, por ejemplo, el Bank Austria Creditanstalt no reconoció la estafa, ni lo hizo el Hiposwiss Private Bank. El italiano Friulcasa Cassa Di Risparmio Regionale Spa estaría en gestiones para restituir las sumas arrebatadas. El tema también tiene su arista conflictiva a la hora de los reclamos judiciales porque es común que la gente no blanquee en Argentina que tiene estas cuentas. De hecho, los investigadores suponen que hay una gran cantidad de casos no denunciados precisamente por esa razón.