El rechazo del oficialismo al pedido de informes al Ministerio de Trabajo no amedrentó al radicalismo en la Cámara de Diputados. La UCR puso bajo sospecha al ministro Carlos Tomada, quien autorizó mediante una resolución a las empresas un “incremento del 66 por ciento en los vales de almuerzo”, el mismo día en que el diputado kirchnerista Héctor Recalde denunciaba un intento de soborno millonario de las compañías emisoras de tickets canasta para frenar una ley en el Congreso. Hoy, varios legisladores radicales le pedirán al juez federal Octavio Aráoz Lamadrid una ampliación de la denuncia de Recalde, que incluya en sus argumentos el accionar de la cartera laboral.

Los diputados radicales Julio Martínez, Fernando Chironi y Oscar Aguad, más los senadores Rubén Morales y Ernesto Sanz, también recurrirán al propio Ministerio de Trabajo, amparándose en el derecho de acceso a la información pública, para pedir que se les informe sobre los pasos previos que dieron los funcionarios de la cartera que actuaron en el dictado de la resolución 1371, que refrendó el aumento de los vales de almuerzo de 15 a 25 pesos diarios.

Allí solicitan la “copia exacta del expediente administrativo, detalles de dependencia y funcionarios que intervinieron en el proceso de elaboración, listados de audiencias mantenidas durante el último semestre y el detalle de las llamadas telefónicas” del ministro, subsecretarios, directores y asesores de la cartera laboral.

Los radicales utilizarán la misma metodología que les permitió acceder a la información pública que destapó otro escándalo en el Senado: la incorporación de un pago millonario al grupo Greco en un listado que autorizaba al Estado a la emisión de bonos para cancelar deuda pública, que ya había sido aprobado por los diputados. Un tema en el que la ex ministra de Economía Felisa Miceli luego tuvo que dar marcha atrás y se lo adjudicó a un error de sus funcionarios.

Los legisladores también le pedirán hoy al juez Aráoz Lamadrid que incluya en su investigación la actuación de los funcionarios de Trabajo. “¿Cómo puede ser que si el Presidente estaba al tanto de la denuncia de Recalde, uno de sus ministros establezca una resolución que favorece a los empresarios sospechados?”, dijo Morales a Página/12.