El ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó que una funcionaria de su cartera haya dialogado con el desplazado jefe de Inteligencia del Ejército, general de brigada Osvaldo Montero, para “conspirar” contra la continuidad en el cargo de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y estimó que si el general fue relevado de su puesto habría sido por una razón justa. Fernández negó que hayan existido escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre el general y la funcionaria porque eso “es ilegal”. Defensa confirmó que Montero fue pasado a disponibilidad y seguirá camino al retiro por supuestas “deslealtades”.

El escandalete estalló a raíz de la difusión de una supuesta operación de Montero en connivencia con la directora nacional de Inteligencia Criminal de Interior, Verónica Fernández Sagari, para mellar la figura de Garré. El objetivo habría sido posicionarse ante un posible recambio de ministro, teniendo en cuenta las versiones que indicaban que Aníbal Fernández era uno de los candidatos a ocupar esa cartera.

El ministro del Interior salió ayer al cruce de esas versiones. Aseguró que había hablado con Fernández Sagari, quien le aseguró que conocía a Montero, pero “hacía más de diez meses que no hablaba con él”. En el entorno del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, miraban hacia los uniformados como origen de la filtración que llevó el tema a la primera plana de los diarios y repetían que “Aníbal lo único que había pedido es que no lo pongan en Defensa”. De hecho, el titular de Interior pasará a la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Garré fue una de las confirmadas en el mismo cargo.

En el Edificio Libertador sólo querían que el tema se olvidara en la vorágine informativa. Montero estaba siendo mirado con recelo por manejos dudosos de fondos en el equipamiento de su área y la organización de un nuevo centro de Inteligencia con sede en Campo de Mayo. El momento es más que sensible, teniendo en cuenta que es la época en la que se definen los ascensos y relevos de las Fuerzas Armadas y los jefes están expectantes por el cambio de las cúpulas que acompañan los cambios de gobierno. El general Roberto Bendini, titular del Ejército, jefe directo de Montero, aspiraría a continuar como responsable del Estado Mayor Conjunto, cargo que también pretende el jefe de la Armada, Jorge Godoy. En la Marina, en realidad, también hay un ambiente enrarecido porque Defensa está auditando todas las obras de remodelación y construcción en manos de esa fuerza.

En diálogo con Radio Continental, Fernández aseguró que “no existen” esas presuntas grabaciones porque “las escuchas son una cosa ilegal”. “No hay forma que la SIDE pueda hacer un trabajo como ése. Yo me animaría a decirle que no existe tal grabación telefónica. Creo que alguien lo contó de esa manera y los diarios lo reflejaron así, tampoco creo que los diarios mientan”, enfatizó Fernández. La SIDE sólo puede intervenir teléfonos con una orden judicial. Sin embargo, el mes pasado, el presidente del bloque ARI, Eduardo Macaluse, y la legisladora porteña del ARI Liliana Parada denunciaron ante el Juzgado Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadío, que habían sido víctimas de “escuchas ilegales” junto a funcionarios y dirigentes del oficialismo y la oposición.

A pesar de la desmentida de Fernández, el senador de la UCR Gerardo Morales reclamó que la ministra de Defensa, Nilda Garré, aclare “por qué” y “de quién” tiene “escuchas telefónicas” fuera “de cualquier causa judicial”. El senador y titular de la UCR aludió, de esa manera, a las escuchas atribuidas a la SIDE que según las versiones publicadas habrían servido a la ministra para determinar la separación del jefe de Inteligencia del Ejército por conspirar en su contra.

El escandalete molestó en Gobierno. Sin embargo, intentaron aplacar los ánimos. Aseguraron que Garré le había comunicado al presidente Néstor Kirchner que iba a desplazar a Montero porque estaba “fragoteando” en su contra. El primer mandatario le habría dicho que actúe, pero negaron que el affaire tuviera algo que ver con el ministro de Interior.