Llegó a los tribunales federales de San Martín una hora antes de la cita y pidió adelantar el trámite. La audiencia duró dos horas, lo que tardaron en leerle los cargos: los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. Por toda respuesta, se remitió al escrito que había llevado su abogado. Entonces, el juez Alberto Suares Araujo le informó al ex subcomisario Luis Abelardo Patti que quedaba detenido.

Patti llegó acompañado por sus hijos, su abogado, Silvio Ramón Duarte, y su suegra, la ex diputada Nélida Mansur. Ya con Patti preso, la mujer increpó a los miembros de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). “¿Esto era lo que querían? ¿Están contentos?”. Y estaban. Pero también conmovidos. “Esto comenzó hace treinta años, cuando secuestraron a mi padre y lo enterraron como NN. No buscamos otro rédito que no sea juicio y castigo”, dijo luego Manuel Gonçalves, hijo de Gastón (ver aparte). “Sin hablar de felicidad o alegría decimos que tenemos esperanza de que las cosas se pongan en su lugar y que la Justicia actúe como corresponda”, señaló Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en una conferencia de prensa que hicieron los organismos de derechos humanos (ver página 5).

Después de la detención de Pa-tti, los HIJOS, que estaban en la puerta del juzgado, recibieron los insultos de las militantes del Paufe que habían ido temprano a acompañar a su líder con carteles que decía “Patti perseguido político”. Mientras sus seguidoras gritaban que por qué sólo se protegían los derechos humanos de los delincuentes, el ex subcomisario ya estaba en un auto bordó camino a la Alcaidía del palacio de tribunales. Allí le hicieron una revisación médica. Finalmente se dispuso que quedara alojado en el penal de Marcos Paz, con otros delincuentes como el cura Christian von Wernich y el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz.

“Teniendo en cuenta la penalidad de los tipos penales, se dispuso la detención preventiva” del ex intendente de Escobar, se informó desde el juzgado. Suares Araujo ordenó el arresto del represor por considerar que era responsable de “las privaciones de libertad agravadas y la eventual aplicación de tormentos” de siete víctimas.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa.

Otra prueba que vincula al ex intendente de Escobar con el hecho es que según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto. “Como es sabido, en los usos y costumbres de la actuación policial, el personal es ascendido cuando a criterio de sus superiores ‘cumple con un objetivo destacado’. En aquella época, el secuestro y eliminación de ‘subversivos’ era constantemente premiado con medallas y ascensos”, señaló Pablo Llonto, abogado de la familia, cuando reclamó en octubre la citación a indagatoria y la detención de Patti. A ese pedido se sumó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Suares Araujo decidió convocar a Patti, pero no sólo por ese caso. El secuestro de Gastón Gonçalves es otro hecho en el que el represor está involucrado desde hace años.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje “El Cazador”, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Ana Oberlin, abogada de HIJOS y de la los Gonçalves, había pedido la detención de Patti hace más de dos años, pero la causa pasó por diferentes jueces, hasta que a principios de este año llegó a Suares Araujo. Este magistrado investiga los crímenes que se cometieron en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en jurisdicción del Comando de Institutos Militares desde que la causa se reabrió como consecuencia de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Del viejo expediente de los años ’80, el juez rescató otros cuatro hechos en los que había sido denunciado Patti. Se trata de las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti. Estos secuestros se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Estas no son las únicas causas abiertas contra el represor. Hace tiempo ya el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo debe resolver un pedido para reabrir la investigación por los asesinatos de Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiasso. Y en La Plata también tiene cuentas pendientes.

Suares Araujo debe resolver en los próximos días si procesa al represor. La situación de Patti quedará luego en manos de la Cámara Federal de San Martín. “Esperemos que ese tribunal se ponga los pantalones largos y que no haga como he hecho en otras oportunidades”, dijo Llonto.

Hace sólo un mes, Patti fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sacó el 2,48 por ciento de los votos. Dos años antes le había ido mejor: logró ser electo diputado nacional. Pero los integrantes de la Cámara impidieron su asunción. Después de escuchar a las víctimas, testigos y dar la posibilidad de que el acusado se defendiera, los legisladores resolvieron que Patti no tenía “idoneidad moral” para ejercer ese cargo. Los fueros, que hasta hace poco pretendía invocar, lo habrían salvado de la cárcel o, al menos, habrían complicado su llegada a la celda de Marcos Paz.