Sus dos custodios tuvieron que ayudarlo para que no se cayera cuando entró en la sala de audiencias. Trastabilló con un escalón y se hubiera ido de boca al piso si no fuera por los oficiales de Prefectura vestidos de civil que lo auxiliaron. Igual que el miércoles, Héctor Antonio Febres presenció los alegatos en contra suya detrás de su abogado, mirando al piso o hacia adelante, sin inmutarse ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La fiscal Mirna Goransky pidió ayer que se lo condene a 25 años de cárcel por la privación ilegal de la libertad de, y los tormentos a, Carlos Lordkipanidse, Alfredo Margari, Carlos García y Josefa Prada de Olivieri, “hechos que constituyen delitos de lesa humanidad enmarcados en un genocidio perpetrado por las Fuerzas Armadas”. La misma pena fue solicitada por los abogados querellantes. La defensa expondrá el martes próximo y el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) hará saber el 14 de diciembre su sentencia.

Para la fiscal, los testimonios y documentos ventilados durante el proceso probaron que Febres tenía “un enorme poder de decisión dentro de la ESMA”. Era conocido como “Gordo Daniel” o “Selva”, porque “era más bestia que todos los animales juntos”, refirió Goransky. Con esa combinación de facultades y brutalidad cometió “incontables felonías” en el centro clandestino de detención donde se atormentaban “los cuerpos y espíritus” de los desaparecidos.

Aunque el prefecto no quiso presenciar los relatos de sus víctimas, durante esta etapa no tuvo otra opción que escuchar parte de ellos a través de las partes acusadoras. Primero la querella y ayer, durante horas, la representante del ministerio público detallaron los hechos revelados por los sobrevivientes, que posibilitaron “ver lo que ellos (los prisioneros) no podían, porque estaban tabicados y encapuchados”. “Las víctimas reconocieron a Febres como participando de sus propios secuestros” y como quien “daba las órdenes al grupo de secuestradores en la calle y comandaba todo el operativo”, explicó. Quedó probado que el acusado participó en la captura de “opositores políticos que estaban exiliados en Asunción del Paraguay y Uruguay”, y que “era el jefe del sector 4, donde estaban las salas de torturas, y donde él mismo aplicaba tormentos, picana eléctrica a los prisioneros”. Entre sus funciones, “Febres también tenía la triste tarea de ocuparse de las mujeres embarazadas en `la Sardá’, de (el jefe de la ESMA Jacinto) Chamorro. Se llevaba los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron esos chicos. El podría ayudar a aliviar tanto dolor”, aseguró Goransky.

“Las víctimas de la ESMA no son sólo ellos, el autor no es sólo Febres y los hechos tampoco son todos”, reclamó la fiscal. Es una queja compartida con los organismos de derechos humanos que, desde hace tiempo, exigen la unificación de las causas. Febres está procesado por más de 300 casos y lleva 8 años detenido con prisión preventiva. Es necesaria “una manera distinta de organizar y diseñar estos juicios” a ex represores procesados en las denominadas “Megacausa ESMA” y “Megacausa I Cuerpo de Ejército”, explicó Goransky. “Si eso no se revisa, no se van a poder llevar a cabo estos juicios y todos vamos a estar haciendo cola delante del tribunal para traer a debate estos hechos tan terribles”, insistió. Durante las audiencias fue constante el pedido de los testigos para no tener que revivir, una y otra vez, los mismos hechos.