“Esto no fue un robo común”, informó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. “Podría tratarse de un sabotaje”, advirtió desde la sala de conferencias de la Casa Rosada. Se refería al robo de 10 computadoras y 22 monitores que desaparecieron del Centro de Instrucción de Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) de Ezeiza. El robo se produjo entre el 21 de diciembre y el 2 de enero. Los equipos se usaban para entrenar a los controladores que supervisan el tráfico aéreo; también funcionaban como sistema sustituto y copia de seguridad (back-up). En el mismo lugar donde estaban esas computadoras habían pantallas de plasma muy caras: no se las llevaron. “Contaron con información concreta acerca de dónde estaba este material”, contó Fernández. La Justicia detuvo a cuatro personas por el robo. Dos son vigiladores privados contratados por el CIPE; los otros son reducidores.

El robo alarmó bastante al Gobierno. Precavidos, en la quinta de Olivos no descartaron estar frente a la primera parte de una operación destinada a sabotear el funcionamiento del tráfico aéreo. El argumento era simple. Si el sistema operativo llegara a fallar, el CIPE no tendría ninguno de reemplazo para operar los radares. Y el espacio aéreo se volvería ingobernable. Por esa razón, la fiscal Karina López (el caso está en manos del juez federal Carlos Ferreiro Pella) pidió que el delito no fuera considerado sólo como un robo sino como robo y atentado contra la seguridad del transporte. El robo había sido denunciado por el director del CIPE, el técnico aeronáutico Francisco Palano, el jueves 3 de enero.

Apenas puso un pie en Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó al ministro de Justicia a la quinta de Olivos. Allí analizaron las novedades de la investigación sobre el robo de las computadoras. En la charla se evaluaron los avances de la pesquisa, que recayó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que encabeza Marcelo Saín. El seguimiento de los dos vigiladores que habían sido contratados por Palano había derivado en sendos allanamientos, uno en Ciudad Evita y otro en Ezeiza, y en la recuperación de un tercio de los equipos faltantes. Allí se detuvo a dos individuos que pensaban “reducir” el material robado. La sospecha que circuló en la reunión es que el robo sólo fue posible por la complicidad de personal del propio CIPE.

En Olivos también estuvo la ministra de Defensa, Nilda Garré. En la reunión se acordó acudir a la empresa española Indra para que restituya los equipos faltantes (todavía falta localizar dos terceras partes de las computadoras y los monitores). En el Gobierno no descartan que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones. Una de las líneas de investigación apunta hacia la propia estructura del aeropuerto, ya que los autores del robo conocían el lugar y sabían qué buscar. Además, salieron por la puerta principal o por el garaje del CIPE. A la hora de hacer interpretaciones, en la Rosada no descartaban que el episodio esté vinculado con las disputas comerciales del sector privado por quedarase con el control del sistema. “Son concesiones millonarias”, recordaron.