Nadie se adjudicó la victoria y el texto que acordaron fue tan ambiguo que dio pie para que unos y otros argumentaran a su favor. El gobierno de Mauricio Macri y los municipales de Amadeo Genta firmaron un acta acuerdo en la que convinieron revisar en conjunto “la situación del personal contratado”, con el compromiso de no renovar los de aquel personal “que no esté realizando un trabajo útil para el vecino”. También consensuaron realizar un censo de todo el personal estatal, la posible reubicación y la capacitación de trabajadores. Tras la reunión, el macrismo quiso dejar en claro que los 2400 cesanteados no habían entrado en el acuerdo. “Esa era la condición sine qua non para sentarse con el gremio”, dice Gregorio Centurión, secretario de Comunicación de Macri. “Si no empezamos por rever las cesantías, no se discute el resto y volvemos al plan de lucha”, replicó Enrique Pistoletti, vocero del gremio. Para ATE, el otro gremio involucrado en el conflicto, el acuerdo no contempla a los despedidos. Por eso, ratificaron el paro y la movilización previstos para hoy.

El encuentro fue convocado por la Subsecretaría de Trabajo porteña, organismo natural para mediar en los conflictos laborales de la ciudad. Por el gobierno de la ciudad asistió un funcionario de tercer nivel, el director de Recursos Humanos, José Ohrnalian; por el gremio, concurrieron los secretarios Gremial, Alejandro Amor; de Finanzas, Genaro Trovato, y de Prensa, Enrique Pistoletti. La reunión había sido acordada un día antes por los dos jefes, Macri y Genta, en una reunión tras la cual los municipales levantaron un paro de 72 horas, que debía comenzar ayer.

En rigor, el texto que formaron no hace mención alguna a los 2400 trabajadores a los que el gobierno decidió no renovarles el contrato a partir del 31 de diciembre último. “El espíritu de la redacción es de una ambigüedad tal que pasara los filtros de ambas partes”, reconoció un participante de la reunión a Página/12. “Es una suerte de empate técnico.” De los seis puntos del acuerdo, el primero es el que provoca más de una interpretación: “Revisión de la situación del personal contratado. Las partes analizarán detalladamente las prestaciones de todo el personal que se encuentra amparado por las figuras previstas como contrato de trabajo en todas sus modalidades vigentes. Todo aquel que no esté realizando un trabajo útil para el vecino no será renovado”.

Ese párrafo dio lugar a interpretaciones opuestas. Para el macrismo, hablar de “personal contratado” excluye a los que ya no están en esa condición. Más explícito, el secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña, celebró que “el gremio entendió la posibilidad de sumar a la transformación del Estado que ellos mismos pedían”. Todos coincidían en destacar que no había “vencedores ni vencidos”. “El triunfo va a ser si logramos transformar el Estado de la ciudad”, resaltó Peña.

El legislador macrista Martín Borrelli evaluó que el acuerdo fue “beneficioso para el gobierno porque ha ratificado que las reformas van a seguir adelante y para los trabajadores porque las mismas se van a hacer en consenso con los gremios”. Cuando se le preguntó si los gremios no objetaron la supuesta exclusión de los 2400 cesanteados, consideró que “ellos entendieron que era una decisión ya tomada”.

La visión del sindicato es opuesta. “Estos muchachos hacen declaraciones altisonantes, pero ellos no participaron de la negociación. Al contrario, ponen palos en la rueda”, se quejaron los dirigentes del gremio. “Mañana (por hoy) esperamos que nos convoquen para comenzar a discutir la situación de los contratos caídos. El relevamiento no puede llevar más de diez días”, estimó Pistoletti. “Y si no se empieza por ahí, no se discuten los otros puntos, y habrá un replanteo de las medidas de fuerza”, advirtió.

El gobierno también dio algunas señales conciliadoras. La vicejefa Gabriela Michetti anunció que en los concursos que convoque la ciudad “tendrán prioridad por puntaje” los trabajadores a los que no se les renovó el contrato. “Esa gente que trabajó en el municipio, que tuvo un contrato y que por una razón u otra quedó afuera va a tener prioridad en los concursos y mayor puntaje”, explicó.

–¿No eran contratos políticos? –preguntó Página/12.

–Lo que se va a premiar es al que trabajó. Es posible que entre los contratos que se rescindieron haya gente que cumplía función pero se consideró que no era necesaria –aclaró Marcos Peña.

Los otros puntos del acuerdo entre el gobierno y el gremio son:

- Transferencia de personal. El personal que los ministerios transfieran al Registro Administrativo de Disponibilidad (RAD) será incorporado a los programas de capacitación para su reubicación laboral. La capacitación será obligatoria.

- Movilidad plena. La movilidad del personal entre las distintas dependencias podrá realizarse atendiendo razones de organización. Deberá tenerse en cuenta la experiencia y la formación del personal.

- Censo del personal. A partir del 1º de marzo de 2008 se procederá a realizar un censo de los 126 mil empleados públicos de la ciudad.

- Plan de jubilaciones. Se iniciará un programa de jubilación para el personal que reúna todos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio. Se instrumentará un programa de compensación monetaria que contemple las diferentes realidades remunerativas del personal.

- Carrera. Se promoverá el desarrollo de la carrera y la capacitación del personal.

A diferencia de Sutecba, las seccionales Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) confirmaron un paro de 24 horas con movilización para hoy, que podría afectar la atención en los hospitales, en las colonias de vacaciones y en algunas dependencias del Ministerio de Cultura. “No avalamos acuerdos que impliquen despidos”, afirmó el secretario general adjunto de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea.