El 3 de agosto de 2001 otra toma de un edificio público sacudió a La Plata: se trató de la ocupación del Ministerio de Trabajo, durante la gestión de Aníbal Fernández. En esa ocasión, de la toma participaron 57 personas que fueron detenidas inmediatamente por delitos gravísimos entre los que se les imputó la privación ilegal de la libertad, porque el ministro se había quedado adentro. Ahora, la defensa de los piqueteros que tomaron en diciembre pasado el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense estudia en aquel expediente una vía para insistir con el pedido de eximición de prisión de los 48 involucrados, excepto Daniel Rodríguez. Los abogados de la defensa creen que deberían esperar la resolución del procesamiento en libertad: aquellos 57 imputados estuvieron presos durante 30 días, pero luego fueron total o parcialmente sobreseídos y la causa hoy está archivada sin visos de juicio oral.

El viernes pasado, como informó este diario, la Justicia de garantías de La Plata confirmó la prisión preventiva de Rodríguez, el dirigente del MP 29 de Mayo procesado por intimidación pública agravada, coacción agravada por la participación de menores, lesiones graves, daño calificado y portación de arma de guerra. La medida partió de un pedido de la fiscal Ana Medina y fue confirmada por la jueza Marcela Garmendio, a cargo por estos días del juzgado de Guillermo Atencio.

En las últimas horas, además, se conocieron dos resoluciones de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata firmadas el 29 y 30 de diciembre. En una, la Sala confirmó las órdenes de detenciones que dictó Atencio después de la toma del 18 de diciembre y en la otra le negó la eximición de prisión al piquetero, que para entonces ya había sido encarcelado por la Justicia federal de Quilmes en el marco de una causa por el secuestro e incautación de un arsenal de armas de guerra. La Cámara recalificó además la imputación de las 48 personas que lo acompañaron en la toma, en el sentido de que les quitó el cargo de portación de armas de guerra. Lo que aún queda por definir, pese a la noticia que circuló en el día de ayer, es el pedido de eximición que presentó la defensa oficial de Uriel Richardelli para los 48 piqueteros que esperan aguardar la resolución de su situación procesal fuera de la cárcel.

En tanto, sobre las espaldas de Rodríguez está pendiente otro procesamiento que debe dictar el juzgado de Luis Armarella, de Quilmes, a cargo de la explosiva causa federal. El juez investiga allí a la organización, sus actividades y las conexiones con sectores del poder nacional y territorial. Según la Justicia, la agrupación tenía tarjetas de ceremonial de Casa de Gobierno y manejaba una gran cantidad de planes sociales que usaba como uno de sus canales de financiación. Hasta ahora se barajaba la posibilidad de que administraran unos 40 planes sociales, aunque hace poco más de un año habrían tenido varios cientos. Una versión no confirmada, que difundió ayer la agencia DyN, señalaba que podían ser más de “mil”.

La situación de los otros participantes de la toma, en cambio, no es la misma. En la ocupación hubo dos organizaciones, el MP 29 de Mayo y el MTD Trabajo y Dignidad, cuyos dirigentes intentaron despegarse desde el primer momento de la imagen de Rodríguez. La defensa de todos ellos, a excepción de Rodríguez, está en manos de la defensoría oficial. Desde allí se mira al viejo expediente de Trabajo porque al comienzo también lo tuvo el juez Atencio que, a diferencia de lo que sucede ahora, detuvo inmediatamente a los imputados a pedido del fiscal. La mayoría de ellos tuvo que esperar preso un proceso que pasó luego al juez federal Arnaldo Corazza y donde tuvo intervención hasta la Corte. Finalmente terminó con sobreseimientos.