Juristas, analistas políticos y sociólogos polemizaron sobre el anuncio del fiscal general porteño Germán Garavano de sancionar a los manifestantes que realicen protestas callejeras sin la autorización del gobierno de la ciudad. Respaldado por el macrismo como una iniciativa que traerá “mayor orden” a Buenos Aires, el fiscal también anticipó que la intención es “identificar y castigar” a los dirigentes de las organizaciones gremiales o sociales que encabecen los cortes de calle.

Norma Giarraca, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Instituto Gino Germani, cuestionó el criterio de Garavano. “Es un modo de limitar los reclamos y judicializarlos”, señaló. Para Giarraca “hay una tendencia general desde 2002 a judicializar la protesta social”. Y agregó: “Es cierto que en otras ciudades, como las europeas, hay que pedir autorización para manifestarse, pero hay que tener en cuenta que en la Argentina sufrimos una historia de amordazamiento y represión en épocas de la dictadura; por eso la sociedad, con la vuelta de la democracia, demandó recuperar el uso del espacio público y buscó volver a ganar voz. Esto de amordazar a la sociedad y reprimirla no es para nosotros tan lejano en el tiempo, con todas sus consecuencias a nivel social y cultural; por eso la decisión del fiscal es grave: nos remite a momentos espantosos de nuestra historia. Después de treinta y pico de años, estamos todavía en un proceso de democratización. Como sujetos tuvimos que volver a aprender a reclamar y también debemos reeducar a las instituciones del Estado. A ellas especialmente porque el Estado fue el que perdió todo carril durante la dictadura”.

El constitucionalista Gregorio Badeni apoyó, en cambio, la ofensiva judicial sobre las protestas. “Los argentinos tenemos desapego por cumplir las leyes”, aseguró. Para Badeni, “aunque toda manifestación pública es lícita porque implica el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades y de la libertad de expresión, no se trata de derechos absolutos, sino que están sujetos, como lo dice la Constitución en su artículo 28, a una reglamentación razonable. En este caso, el Código Contravencional dispone que cuando se desea realizar una manifestación pública hay que informar con la debida antelación a la autoridad administrativa, para que mediante la publicidad los ciudadanos puedan saber de qué manera evitar o reducir la eventual lesión a sus derechos, en particular el derecho de tránsito. Desde este punto de vista la decisión anunciada, quizá con cierto grado de autoritarismo, por el fiscal Garavano es razonable”.

Sin ningún punto de coincidencia con Badeni, el profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella apuntó que el argumento de que “los derechos no son absolutos” suele ser “una excusa” que conviene “resistir y mirar con sospecha: ella viene siempre a servir al socavamiento de nuestros derechos”.

“Primero, cuando hablamos de derechos constitucionales, y muy particularmente cuando tales derechos se vinculan con las condiciones indispensables para la subsistencia (la alimentación, la vivienda, el cuidado básico de la salud), o la preservación del procedimiento democrático (libertad de expresión, libertad de asociación), hablamos de obligaciones incondicionales del Estado, intereses fundamentales que deben protegerse categóricamente. Segundo, dentro de la esfera de estos derechos hiperprotegidos, el derecho a protestar merece una protección todavía mayor, ya que es condición para asegurar la pervivencia de los demás derechos. Si se debilita el derecho a la protesta, todos los demás derechos entran en zona de riesgo. Tercero, no debemos dejar que la discusión se lleve al terreno equivocado: lo que aquí está en juego no es sólo el derecho a protestar, sino el derecho a obtener ciertos bienes constitucionales básicos (alimentación, salud, vivienda) que el derecho a la protesta nos ayuda a proteger. De allí que la declaración del fiscal Garavano haya sido tan desafortunada: su iniciativa no se dirige –como sostuvo– a ‘preservar la convivencia’, sino a socavar la protesta. La convivencia no se preserva con una sociedad más silenciosa, sino resguardando los bienes que hoy no se aseguran, y garantizando los derechos que hoy resultan violados.”

El sociólogo Torcuato Di Tella dijo que la medida le parecía “legalmente correcta”, pero “inoportuna”. “Estamos en una etapa de convalescencia social, por lo que hay que ser moderado en la aplicación de estas reglas”, señaló. “Creo que habría que mantener la política fijada por el gobierno nacional.” “¿A qué cree que obedece la decisión del fiscal?”, le preguntó Página/12. “A que el gobierno de la ciudad tiene opiniones distintas, a que ésa es su ideología, y que hay un importante sector de la población que sí quiere que se tomen medidas más rígidas.”

Giarraca discrepó con este enfoque: “El tiempo de gestión de Macri es muy corto y hablar de sus diferencias con el gobierno nacional en este punto sería, por eso, una presunción. Me parece que Cristina Kirchner no es tan progresista como quiere parecer, y no sé si Mauricio Macri va a ser tan de derecha como lo quiere mostrar el gobierno nacional. Creo que si bien es importante marcar las diferencias, hay algunos sentidos y lecturas comunes en nuestros grupos políticos; a fin de cuentas, ¿quién empezó a decir ‘a la protesta le vamos a responder con el Código Penal’? Me parece que Néstor Kirchner le tenía mucho miedo a la represión y al cacerolazo, pero esto no quiere decir que en su gobierno no haya habido ese tipo de cosas. Contraponer la imagen de un gobierno nacional totalmente democrático y tolerante a un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que aparece como el malo no ayuda a entender cuáles son los mecanismos de control. Tiendo a pensarlo de otra forma: cuando hay crecimiento económico y la gente reclama participación en este crecimiento, se le responde con control. Hay mayor control social cuando los gobiernos no son capaces de responder a esas aspiraciones”.