Los últimos años la consagraron como emblema de la recuperación de (al menos parte) de los ahorros atrapados en el corralito. La acción de amparo es eso, pero mucho más: es un remedio rápido y eficaz, una herramienta jurídica poderosa, la mayor de la garantía de protección para los derechos constitucionales. Sirve para poner en jaque actos u omisiones del Estado o de particulares capaces de lesionar derechos elementales, como vivir en condiciones dignas, acceder un tratamiento médico indispensable o tener trabajo estable. No se trata de un eslogan publicitario, lo dicen la Constitución nacional y la de la ciudad de Buenos Aires. En el macrismo, sin embargo, tienen la teoría de que los amparos impiden gobernar. Tan es así que el jefe de Gobierno porteño tiene en agenda promover una reforma legislativa que limite las posibilidades de uso y aplicación de este preciado recurso.

La idea de restringir la acción de amparo en la ciudad ya fue conversada en el bloque de PRO de la Legislatura porteña y en la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese cuerpo. Así se lo confirmó un legislador macrista a Página/12 e informó que su tratamiento está previsto para marzo. Aclaró que la idea es anterior a los recientes fallos de la jueza Elena Liberatori (ver aparte). Buscaban, en todo caso, anticiparse a este tipo de decisiones que son capaces de revertir medidas políticas u obligar al cumplimiento de otras.

La sola existencia del amparo “impone el deber de desarrollar políticas públicas”, le explicó a este diario Marcelo Vázquez, camarista en lo contravencional y titular del Colegio de Magistrados porteño. “Esto es bien evidente en la ciudad, donde la Constitución es sumamente garantista y generosa en cuanto en relación con la protección de los derechos”, señaló. El mes pasado el amparo cumplió medio siglo en Argentina. Había sido inaugurado por la Corte Suprema en una famosa sentencia en la que sostuvo que frente a cualquier derecho lesionado la Justicia debe actuar “independientemente de las leyes reglamentarias”. “Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas por la Constitución”, decía el fallo que daba respuesta favorable a Angel Siri, que había recurrido a la Justicia por el cierre de un diario que dirigía en Mercedes, clausurado por la Revolución Libertadora.

El decreto-ley de amparo propiamente dicho fue producto de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Su función era reglamentarlo (y acotar sus alcances). Quedó publicado en el Boletín oficial el 20 de octubre de 1966, pero nunca fue modificado. Desde 1994 el amparo es un derecho previsto por la Constitución nacional, en su artículo 43. Dos años después quedó incorporado a la Constitución porteña, en el artículo 14. Y en noviembre de 2006 se aprobó una ley de amparo específica para el ámbito de la Capital.

“Cuando hay derechos constitucionales comprometidos, se necesita un remedio que actúe rápido. Para eso sirve el amparo, para situaciones que requieren un tratamiento urgente. Y en este punto, el de la celeridad, la ley de la Ciudad es todavía más beneficiosa que la ley nacional y vino a cubrir sus lagunas”, apuntó la abogada Paula Bodnar, especialista en derecho administrativo y docente en la UBA.

Todo hace pensar que una forma que podría utilizar el macrismo para limitar los amparos es a través de la retoques en los plazos, para más o menos según de qué se trate. “Actualmente la figura del amparo, tal como existe, es muy aprovechada por los jueces de la Ciudad, que incluso respetan los plazos y las resoluciones, se dictan en cuestión de horas”, evaluó la abogada. Se ha utilizado, de hecho, para muchas cosas: frenar desalojos, obligar al suministro de medicamentos y tratamientos, ordenar mantener en funciones al tren de los cartoneros, darle un subsidio a sus hijos para evitar el trabajo infantil, disponer desactivar antenas de celulares por falta de certificados de aptitud ambiental, entre otras tantas cosas. Hasta le embargaron –fue Liberatori– parte del sueldo a Jorge Telerman mientras no garantizara condiciones de habitabilidad en una villa. Según el juez Vázquez, cualquier intento de restricción a la acción de amparo “corre riesgo entrar en contradicción con la regulación general y su espíritu”.