Jueves, 17 de enero de 2008 | Hoy
EL PAíS › SESIONO AYER LA COMISION BICAMERAL QUE REVISA LOS DECRETOS
En pleno receso parlamentario, la comisión integrada por diputados y senadores respaldó decretos de la Presidenta que objetaban la inclusión en el presupuesto de 192 millones de pesos destinados a diferentes provincias.
Por Eduardo Tagliaferro
Desde las agitadas jornadas que siguieron al estallido de diciembre de 2001 que el Congreso no sesiona en los calurosos días de enero. Desafiando el receso parlamentario y con quórum ajustado, la comisión bicameral que realiza el seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia respaldó ayer dos vetos parciales al Presupuesto del 2008 firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un día después de Navidad. En los decretos 152 y 153, el Ejecutivo vetó 192 millones de pesos destinados a distintas provincias. Habitualmente, el Presupuesto se discute en los últimos tramos del año. Es costumbre que, en comisiones y en reuniones cerradas, la mayoría de los legisladores reclamen y obtengan algunas reivindicaciones locales. Esas concesiones, conocidas como “las cláusulas de la felicidad”, son las que facilitan la aprobación de la denominada ley de leyes. Algunos de esos fondos fueron los que el Gobierno vetó en los dos DNU respaldados ayer por la bicameral.
La comisión, la única autorizada a funcionar a pesar de la finalización del período ordinario de sesiones, comenzó a deliberar sin el quórum reglamentario. Estaban presentes ocho de los dieciséis legisladores que la integran. La diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, había comprometido su presencia aunque con retraso. Llegó al Salón Arturo Illia una hora después de iniciadas las discusiones. Su presencia otorgó el quórum tan esperado.
Por el oficialismo participaron la diputada Diana Conti, titular de la comisión, y los diputados Luis Cigogna, Jorge Landau y Agustín Rossi. El kirchnerismo de la Cámara alta aportó la presencia de los senadores Miguel Angel Pichetto y Marita Perceval. Por la oposición estuvieron el senador radical Ernesto Sanz, el diputado de la UCR de Córdoba, Oscar Aguad, y la diputada Rodríguez. De los restantes miembros de la comisión, ni noticias. El único ausente con aviso fue el senador Eric Calcagno, que se encuentra de licencia sin goce de haberes hasta el 29 de febrero.
El diputado kirchnerista Cigogna se mostró ofendido luego de que el radical Sanz recordara que muchas de las cláusulas vetadas por el Gobierno surgieron como concesiones realizadas a los diputados para conseguir el voto favorable para el Presupuesto. Cigogna dijo que era una “falta de respeto” insinuar que los diputados eran unos simples “levantamanos”.
“La comisión no define si los vetos son buenos o malos. Simplemente se analiza si afectan o no la autonomía de la ley. En este caso se vetaron 13 artículos de una ley que tiene 90. En todos los casos se trató de las denominadas cláusulas de la felicidad”, dijo Sanz a este diario al defender su apoyo al dictamen de respaldo a los dos DNU. El radical apoyó los vetos, pero lo hará con fundamentos propios. Sanz defendió el veto al artículo 34 de la ley de leyes. En él se establecía que los subsidios a empresas de transporte podría realizarse en dinero en efectivo en lugar de la entrega de gasoil, como se venía realizando. Esto, que fue aprobado por ambas cámaras, fue luego vetado por Fernández de Kirchner. Sanz defendió el veto recordando que los propios empresarios del sector se opusieron al subsidio en efectivo y reclamaban la entrega de gasoil. “Cuando un subsidio se realiza en especies, es más difícil que se pida luego un retorno”, argumentó Sanz, tras recordar que el titular del área es el cuestionado secretario Ricardo Jaime. También subrayó que no sabía qué había pasado en el ínterin para que el Ejecutivo cambiara de actitud. Pensando en el quórum y en llegar a un final feliz, los hombres del oficialismo no retrucaron los dichos del radical. La mayoría de los artículos vetados no asignaban partidas de manera directa. Los legisladores definieron el destino de algunos fondos amparándose en los superpoderes que tiene el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para reasignar partidas. Finalmente, el Ejecutivo no quiso asumir costos propios por reivindicaciones ajenas.
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