En lugar de la consigna guevarista de “uno, dos, tres Vietnam” a Mauricio Macri le tocó uno, dos, tres fallos en contra. En el tercer revés consecutivo para el Jefe, la jueza Elena Liberatori de Aramburu –así es, la misma de los dos anteriores– ordenó que se reincorporara a los 2400 despedidos y se los incluyera en el análisis caso por caso que el macrismo tiene previsto sobre otros 18 mil contratados. Fue por una medida cautelar presentada por ATE, que recién ayer fue convocado a dialogar por el gobierno porteño. Macri acusó a la jueza de “abuso de poder” y anunció que la recusará por “manifiesta enemistad y falta de imparcialidad”. “Si los dos primeros fallos eran cuestionables, este último es un disparate. Es impracticable”, lanzó, ya que la jueza no especifica “ni a cuáles ni a cuántos hay que renovar”. En el PRO deslizaron una vez más la posibilidad de un juicio político, aunque sería presentado más adelante.

En los últimos siete días, la jueza concedió dos medidas judiciales a Sutecba: en la primera frenó el decreto de necesidad y urgencia con el que Macri había intervenido la Obsba y con el segundo limitó las funciones del interventor, luego de que el macrismo lograra aprobar la intervención por ley. Pese a que ya terminó su turno, a Liberatori le tocó resolver el tercer fallo porque el juez que debía tomarlo tuvo un problema familiar y se excusó. El próximo en asumir el turno será Roberto Andrés Gallardo, otros juez conocido por generarle dolores de cabeza al gobierno porteño.

En su pedido de amparo, ATE argumentó que “los despidos masivos atentan contra la estabilidad” que consagra la Constitución porteña. Sostuvieron que no hubo ni preaviso ni causal de despido ni individualización de los despedidos, que en muchos de los casos fueron echados de palabra. También destacaron que a otros 18 mil contratados se les dio el derecho de pasar por un censo previo, como acordó Macri en el acta que firmó con Sutecba.

Tomando ese argumento, la jueza consideró que el gobierno porteño negó la posibilidad del censo a “un grupo de trabajadores cuando lo que está en juego es su subsistencia económica”. Liberatori advirtió además que “el colectivo de estos trabajadores desplazados al 31 de diciembre de 2007 reviste una condición vulnerable que proviene de una modalidad de relación laboral sospechada de ‘corruptela’”.

En el fallo, resolvió retrotraer la situación al 31 de diciembre y le ordenó al gobierno que pagara los salarios adeudados e incluyera a los despedidos en el censo. No hizo mención al número, sino que se refirió a los contratados “en sus diversas modalidades”. El director jurídico de CTA interpretó que el fallo “tiene suma importancia en razón de la cantidad de contratados en forma irregular en la administración pública y en la privada, sin respetar el principio constitucional de la estabilidad del empleo”.

Palos y piedras

El clima en el palacio de gobierno se asemejaba al de la Bolsa de Valores en un día de derrumbe financiero. Todo era nervios y apuro. Desde temprano, Macri estuvo analizando el fallo con una mesa chica ampliada: estuvieron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el secretario general Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, y el vocero Iván Pavlovsky. Luego de recibir un informe del procurador Pablo Tonelli, el Jefe resolvió apelar el fallo y recusar a la jueza.

Por la tarde, dio una conferencia de prensa que no fue tal –Macri no contestó preguntas– y que opacó el anuncio que tenía previsto el gobierno porteño sobre las multas. Escoltado por la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, Macri se presentó con un rostro que no dejaba dudas de su fastidio. “Nos gustaría hablarles de las cosas que estamos haciendo, pero vamos a tener que hablar de los palos en la rueda y de las piedras que nos están poniendo”, comenzó. Enseguida, aclaró que era “respetuoso de las decisiones de la Justicia”.

“Les vengo a hablar de alguien que está haciendo abuso de poder”, lanzó Macri, quien repitió dos veces el nombre de la jueza, con apellido de casada incluido. “Por tercera vez en menos de una semana, les ha concedido un amparo a los gremios que se están oponiendo a la transformación, sin darnos legítima defensa”. Y la acusó de “avanzar sobre las competencias del gobierno”. Aunque el “abuso de poder” es un delito tipificado, en el macrismo no evaluaban denunciarla por este crimen.

El jefe de Gobierno estimó que la medida de la jueza es “impracticable”. “Es un disparate que ella le diga al gobierno que renueve todos los contratos de 2007, sin decir ni a cuántos ni a cuáles”, remarcó antes de retirarse. Al alcance de los micrófonos quedó Michetti, quien reforzó la idea de lo “impracticable” de la reincorporación de los contratados. “No sabemos quiénes son, nunca los vimos y probablemente nunca aparezcan”, sostuvo la vicejefa, pese a que una buena cantidad se acercó al Ministerio de Educación (ver aparte).

–¿Van a pedirle el juicio político a la jueza? –le preguntó Página/12.

–No, no estamos poniendo energía en eso. Una vez que hayan transcurrido las apelaciones, se analizará. Es una posibilidad... –dejó en el aire.

El jury que te espera

En cambio, el jefe del bloque PRO, Oscar Moscariello, fue mucho más directo: “Sin duda, hay una acumulación de disposiciones que la llevan imperiosamente a un juicio político”, dijo. El legislador macrista Martín Borrelli también insinuó que le pedirán el juicio político a la jueza. “Es una medida grave, que representa una situación excepcional que quisiéramos evitar por todos los medios, pero en caso de que encontremos razones para darle curso, lo vamos a hacer”, advirtió.

En PRO ya estuvieron revisando con meticulosidad el legajo de Su Señoría. Según fuentes macristas, en el Consejo de la Magistratura existieron cuatro incidentes que llevan su nombre: uno disciplinario, por una sanción que le impuso a un empleado de su juzgado, y tres por mal desempeño: dos son de 2003 por “arrogarse facultades ajenas” y otro fue presentado en 2005 por la procuradora Alejandra Taddei. Todos fueron archivados.

De todas formas, los macristas esperarán al fallo de la Cámara de Apelaciones antes de actuar. “Si nos da la razón, cobra cuerpo el mal desempeño de la jueza”, sostenían. Sin embargo, ya hubo alguien que se les adelantó: un ex concejal del Partido Demócrata Marcelo Gey le pidió un jury por un amparo que concedió a Tattersall de Palermo en un pleito con la Lotería Nacional. Los dirigentes de PRO negaron cualquier relación con Gey, pese a que su presentación se hizo simultáneamente con el segundo fallo adverso de la jueza.