En el mundo de las franquicias diplomáticas la confraternidad del Mercosur no se refleja. Las embajadas de Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela se negaron rotundamente a dar información a la Dirección General de Aduanas sobre los vehículos que ingresaron al país con la metodología que los exime de impuestos. Funcionarios de estas y otras decenas de representaciones extranjeras están siendo investigados por la Justicia por su presunta participación en una maniobra basada en la importación de autos de lujo a casi el 50 por ciento de su valor para luego venderlos en el mercado argentino.

“No, no, usted está aquí en territorio de otro país, no está en Argentina”, llegaron a decirle en una embajada al funcionario aduanero que había ido a requerir la documentación sobre el parque automotor. La Aduana es querellante en la causa a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que investiga la hipótesis de que la maniobra habría sido una forma de contrabando. El organismo pretende certificar si las sedes diplomáticas tienen en su poder los autos que fueron importados irregularmente según denunció en un principio la Cancillería, en base a una auditoría interna, o si salieron al mercado.

El recorrido para requerir la información comenzó por embajadas latinoamericanas, que se negaron a cooperar según relataron allegados a la investigación. También incluyó a Angola, el único país que dio al menos una respuesta. Dijo que no tienen el Porsche que les atribuyen, algo que para la Aduana se lee así: el coche ya ingresó al mercado y probablemente fue vendido. La rotation, se supone, continuará por las demás embajadas y organismos internacionales (unos cuarenta) en los que podría haber funcionarios implicados en el trámite de franquicias diplomáticas sospechosas. La lista incluye delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Cuba, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Marruecos, Italia, Arabia Saudita, Nigeria, Suiza, el PNUD y Unicef, entre otros.

En la Cancillería hacen malabares para amortiguar los efectos diplomáticos de su denuncia. Una tarea difícil: ayer al canciller Jorge Taiana le llovieron llamadas de representantes de todas las latitudes. Algunos, como Bolivia, le anunciaron que iniciaron sus propias investigaciones. Ese país tiene en su haber la condena, en una causa que impulsó Aguinsky, de la ex vicecónsul Jazmyn Roncal de Sallio por el contrabando de un BMW.

El ministerio, en todo momento, procuró poner el acento en las infracciones que se habrían cometido desde su Departamento de Franquicias, Patentes e IVA mientras lo dirigía Jorge Matas, quien fue desplazado. Matas era quien autorizaba las franquicias para diplomáticos.

De 960 autos importados por esa vía entre 2004 y 2007, al menos 98 resultaron casos dudosos según reveló la auditoría interna. Eran rápidamente nacionalizados (sin cumplir los plazos exigidos de dejar pasar de uno a cuatro años de uso según la jerarquía del funcionario) y transferidos. Algunos ni siquiera llegaron a tener chapa diplomática.

Esas posibles violaciones a normas de la Cancillería fueron denunciadas ante el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Luis Comparatore. La fiscalía también avanza sobre las responsabilidades de los funcionarios extranjeros y apunta a encontrar los autos importados (ver aparte). Este expediente podría terminar absorbido por el fuero penal económico y/o por la Corte Suprema, que interviene si los implicados tienen status diplomático.

El juez Aguinsky ya intenta identificar a los dueños actuales de los autos de lujo ingresados por el régimen de franquicias diplomáticas. Para eso pidió al Registro de la Propiedad Automotor un informe que precise qué vehículos importados por esa vía fueron transferidos a particulares, y quiénes fueron los afortunados que los compraron. Para estudiar el circuito desde sus raíces, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores los legajos de los trámites de las controvertidas franquicias.