El macrismo tuvo que salir a defender, otra vez, con uñas y dientes una medida que busca aumentar la recaudación del gobierno porteño. Con la distribución de las boletas de patentes de vehículos correspondientes a este año algunos vecinos se encontraron con una sorpresa no muy grata: un aumento en el monto que deben pagar. La diferencia se debe a la aprobación de la ley Tarifaria 2008 en diciembre pasado, que eliminó el tope del 8 por ciento que la valuación de automóviles podía aumentar cada año. Ese beneficio había sido votado por la Legislatura hace cuatro años y ahora fue anulado para los contribuyentes que tienen patentes impagas o que hayan adquirido un auto a partir del 2007. El gobierno porteño argumenta que no se trata de un aumento porque no se modificó el porcentaje que se paga sobre el valor del vehículo. La oposición calificó la medida como un “impuestazo”.

El origen del conflicto se remonta a la crisis del 2001, cuando los legisladores porteños decidieron congelar las valuaciones de los automóviles con el objetivo de que el monto de las patentes se mantuviera constante. La medida duró hasta el 2004 cuando con la recuperación económica se decidió poner un tope de aumento anual del ocho por ciento y descongelar los valores para los períodos siguientes. En diciembre pasado la Legislatura aprobó la ley Tarifaria 2008, en la que no sólo se trataron las Patentes sino los Sellos, Ingresos Brutos y se trató el conflictivo aumento del ABL.

“No hubo debate en comisión, no hubo debate en el recinto. No hubo discusión”, recordó el diputado de la Coalición Cívica Alejandro Rabinovich, sobre los cambios en las Patentes. El legislador insistió en que “el requisito para continuar con el beneficio es tener la unidad libre de deudas”. En cambio, Martín Hourest, legislador del bloque Buenos Aires para Todos, aseguró a Página/12 que en aquel momento planteó reconsiderar los criterios de medición de los valores de los autos y que “ni Telerman, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, le dieron bola”. El economista criticó la forma en que se realiza la valuación porque “son demasiado complejos como para dejarlos en manos del mercado”.

A diferencia de los inmuebles, los vehículos no tienen un valor fiscal y otro de mercado sino que poseen una sola tasación que la lleva la superintendencia de aseguradoras. Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña admitieron que “es muy difícil reconstruir un padrón global” como para determinar en promedio la diferencia entre el tope vigente hasta este año y el valor de mercado. “Es un trabajo que se hace modelo por modelo. La base impositiva tiene que abarcar todos los autos registrados en la ciudad”, explicaron.

El legislador macrista Diego Santilli, aseguró a este diario que “no hubo un aumento o una modificación de las alícuotas” y que los casos de contribuyentes afectados por la cancelación del tope son “minimísimos”, aunque todavía no hay un número preciso de personas afectadas. “Ya sería una locura seguir poniéndole tope. No hay derecho que aquel que paga su patente pague lo mismo que aquel que no la paga”, consideró Santilli. Para el vicepresidente segundo de la legislatura “es justo y razonable que aquel que se compra un auto 0 kilómetro tenga que bancarse el impuesto”.

Con la puesta en marcha de la ley no se produjo un cambio en la alícuota de las patentes que sigue siendo del 3,2 por ciento sobre el valor total del vehículo.

El jefe del bloque kirchnerista porteño, Diego Kravetz, acusó al macrismo de “no estar aplicando la ley porque no hay ningún caso del autos del 2005 que justifiquen un aumento del 150 por ciento” y que hay contribuyentes con sus obligaciones al día que también sufrieron modificaciones en sus liquidaciones. En este sentido, el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, calificó la situación como “un impuestazo” y cuestionó que “no se le dio la opción a nadie para regularizar su deuda para evitar aumentos de más de 100 por ciento”.

Santilli explicó que “había una moratoria general que venció el 6 de diciembre”, en la que los porteños podían ponerse al día con sus deudas impositivas y que los que actualmente se encuentren bajo una moratoria no serán considerados morosos y no deberían sufrir ningún cambio más allá del ocho porciento. “Mientras estén al día con las cuotas de la moratoria no van a tener que pagar la diferencia”.

“Esto te desnuda la actualización de precios. Hay un efecto que parece grande pero es porque se compara la valuación del vehículo con respecto al año anterior cuando hay que mirarlo en relación a la valuación del 2005”, explican en la AGIP, lo que antes era la Dirección de Rentas de la ciudad. Lo cierto es que la diferencia entre la apreciación máxima del ocho por ciento y el valor de mercado que se fue acumulando desde el 2005 hasta el 2007 se destapó con la ley aprobada el año pasado.

En un ejemplo, con la ley anterior un auto que valía 100 mil pesos en el 2005 pasó a valer –como máximo– 108 mil en 2006, 116.640 en 2007 y 125.971 en 2008. Sobre esos montos se calcula el 3,2 por ciento y se obtiene el monto de la patente: 4.031 pesos. Sin embargo, si la valuación dispuesta por la superintendencia de seguros fue de un 20 por ciento anual. El auto valdría 120 mil pesos en 2006, 144 mil en 2007 y 172.800 en 2008. El importe de patente que debería pagar es 5.529.

Informe: Sebastián Abrevaya.