El viernes 11 de enero, funcionarios del Ministerio de Defensa llegaron a la ex Base Naval de Río Santiago, ubicada a 15 kilómetros de La Plata, para ver cómo había adecuado la Armada el viejo edificio de alojamiento de oficiales donde funcionó el Liceo Naval Almirante Brown. El objetivo de la remodelación había sido transformar el predio en una prisión para los represores que engrosaban las causas por delitos de lesa humanidad. Un alambrado olímpico de cuatro metros y cámaras de circuito cerrado de televisión parecían adecuadas para una cárcel, pero ahí terminó lo esperable. A medida que se abrieron las puertas, el confort superó las expectativas. Un pedido de informes a la cúpula naval obligó al regreso anticipado de vacaciones de al menos cuatro almirantes y la decisión de no trasladar allí a ningún marino. Alrededor de dos millones de pesos insumió el reciclado que ahora no tiene destino.

Después del envenenamiento del prefecto Héctor Febres en una dependencia de esa fuerza, los privilegios de los represores detenidos parecen haber caído. Por primera vez, gran parte de los acusados en la causa ESMA fue alojada en la prisión de Marcos Paz. Sus abogados atosigaron al juez Sergio Torres, quejándose por las condiciones de la cárcel. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, refutó las críticas en la respuesta que le envió al magistrado.

Sin embargo, los marinos siguen dando batalla: el Foro de Almirantes Retirados le envió una carta al jefe de la Armada, Jorge Godoy, pidiéndole una audiencia para reclamarle que “nuestro personal sea alojado en lo que la Armada misma creó, como prisión naval, en la ex Base Naval de Río Santiago”. El pedido firmado por el vicealmirante retirado Eduardo Rodolfo Llambí y el almirante retirado Emilio Osses insiste en la defensa del terrorismo de Estado porque “lo actuado por ellos fue un acto de servicio, y que cumplieron órdenes institucionales, máxime teniendo en cuenta la baja jerarquía que ostentaban en esa época”. Los retirados se lamentan porque sus camaradas se están convenciendo de que “serán juzgados como simples delincuentes comunes”. Entre los quejosos figura el contraalmirante retirado Basilio Pertiné, director de la empresa San José, adjudicataria de la cuestionada construcción del polo educativo en Vicente López que reemplazará a los edificios de la ESMA.

Desatinos varios

A fines de 2006, cuando todavía los jueces aducían razones de seguridad para evitar que los represores cumplieran prisión preventiva en cárceles comunes, el Ejército ofreció reciclar un pabellón en el Regimiento de Arana, cerca de La Plata. A mediados del año pasado, los cuartos alfombrados, con puertas comunes con las llaves a disposición de los futuros presos y otros elementos de confort como baños privados y ventiladores de techo postergaron sin fecha la utilización del predio. El Servicio Penitenciario Federal informó a Defensa que el edificio no cumplía con los requerimientos de seguridad para ser utilizado como prisión.

Ahora se repitió la historia con Río Santiago. La Armada le adjudicó el reciclado en forma directa a le empresa Kaisa SA, que está vinculada con el ex subjefe de la Armada almirante Ernesto Telmo Juan Gaudiero, quien compartió la cúpula de la fuerza con Godoy. La sorpresa de los funcionarios del área de Infraestructura y Derechos Humanos de la cartera de Defensa al encontrarse con la obra derivó en el pedido del legajo a la Armada para investigar todo lo actuado. El mismo procedimiento se siguió al comprobarse las irregularidades en las obras de traslado de la ESMA adjudicadas a la constructora San José. El auditor de Defensa sigue fatigando los pasillos del Edificio Libertad, buscando carpetas con documentación.

Entre esas obras adjudicadas figura la edificación del Liceo Naval Almirante Brown. En marzo del año pasado, en el marco de los acuerdos para el desalojo del predio donde funcionó el emblemático centro clandestino de detención, el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y la ex ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti, firmaron un acta acuerdo con Godoy en la cual la Ciudad se compromete a financiar la construcción y la Armada, a realizar las licitaciones correspondientes. En el presupuesto aprobado por la Legislatura para 2008 no aparece ningún ítem con asignación específica a ese fin, pero sí se reserva en un enigmático “otros” una partida de 25,5 millones de pesos en el presupuesto educativo. Justamente el monto por el que se licitó el edificio correspondiente al Liceo Naval.

Lo paradójico es que el inmueble que ocupó ese liceo desde 1947 en la base naval de Río Santiago fue desalojado durante el menemismo cuando se había decidido cerrar esa escuela secundaria de la Marina. Años después fue reflotada por la Fundación de ex alumnos ya con sede en la ESMA y entró en el proyecto de traslado cuando la Armada volvió a hacerse cargo plenamente de esa institución. El tema es que el histórico edificio remozado para cárcel VIP fue vetado por Defensa. Está tan vacío como confortable; mientras tanto se van a destinar 25 millones para una nueva obra adjudicada a la empresa San José, pero que todavía no empezó a erigirse.

Tres almirantes fueron pasados a retiro, salpicados por las irregularidades en las construcciones encaradas por la Armada. Godoy ordenó un sumario interno que terminó en sanciones para oficiales y personal de apoyo, pero los desatinos parecen no tener fin.