Puede suponerse, razonablemente, que la suba en el precio del petróleo y el auge en el consumo interno ubican al sector de los hidrocarburos en una posición de privilegiada bonanza. Sin embargo, productoras, refinadoras y estacioneros tienen razones para lamentarse y se miran entre sí con inquina, culpándose unos a otros de achicar su margen de utilidad. Alguna de las quejas que esbozó Shell en las últimas horas son un ejemplo de este tironeo entre sectores, que tiene al gobierno como árbitro natural.

Junto a Esso, la angloholandesa pertenece al núcleo de las “no integradas”, cuyo negocio depende del precio al que consigan comprar el crudo que procesan. Desde abril del 2004 ese valor estuvo pautado por la intervención oficial: las petroleras les vendían a un precio que tomaba como base un barril de 55 dólares. Por un acuerdo de partes, ese tope subía acompañando la evolución del precio internacional del crudo para aquella porción del insumo que esas firmas utilizaran para elaborar la nafta que exportaban. Ese pacto de caballeros los transformó en “socios” del rédito de vender en el exterior tanto más caro el combustible según se encarecía el petróleo.

La reciente resolución 394/07 alimentó una rediscusión de este esquema diseñado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y que resultaba más benévolo que el actual para las productoras que exportan: las retenciones le mordían una porción de su renta que, de todos modos, iba subiendo en la misma medida que el crudo. La norma de fines del año pasado captura para el fisco íntegramente aquella porción del precio del barril por encima de los 60,9 dólares. Esta base, menos las retenciones, sirven para fijar el precio al que las refinadoras tienen que pagar su insumo.

De un primer cálculo resulta que ese valor es de 42 dólares el barril, para las refinadoras un máximo, para las productoras un mínimo. En estos días, Shell se quejó justamente de que no haya ninguna norma expresa que obligue a sus proveedoras a respetar aquel número como un tope y a no usarlo como un piso. Las productoras contraargumentan al menos sobre dos ideas fuerza: que ese precio corresponde al petróleo más pesado y barato de mercado (Escalante), ignorando al más liviano y caro (Medanito); que antes de aquella resolución, ya cobraban 43 dólares, más que ahora.

Este cuadro dejaría poco resquicio para la queja a las productoras. Según un estudio del sector, la refinación tuvo un margen bruto errático, que fue negativo tras la devaluación pero que se estabilizó en el equivalente a 6 dólares el barril (considerando esta unidad como una referencia del volumen comprado, muy similar al que resulta procesado), y que había subido a 10 dólares antes del último retroceso en el precio de los surtidores. Ese valor hay que restarle los costos operativos de la refinación e incluye los ingresos por exportar naftas, cerca de un 25 por ciento de lo que se produce.

Esa mejora en el margen responde, en gran medida, a que desde marzo del 2007 –cuando el barril estaba a los 60,9 dólares que el Gobierno tomó como referencia–, el precio de los combustibles en surtidor subió un 30 por ciento promedio. Con ese empujón, y de no haberse practicado la rebaja de los últimos días, aquel margen bruto habría llegado a rozar los 20 dólares el barril, según destacan los productores. Así las cosas, las refinadoras podrían estar satisfechas, en particular las que pertenecen a los grupos integrados como Repsol y Petrobras y que, por este hecho, se autoabastecen del insumo cuyo precio Shell y Esso tienen que discutir a capa y espada.

A juzgar por los balances y hasta los acuerdos salariales que rigen para los trabajadores petroleros, las productoras tienen menos razones aún para lamentarse, aunque suelen hacerlo igual. El costo “operativo” de producir un barril (opex) es en promedio de 10 dólares. A ello las petroleras añaden en su cálculo la inversión necesaria para desarrollar un pozo (capex) y algunos otros conceptos hasta llegar a 25. Aún así, y a pesar de las retenciones, les quedaría un margen de otros 10 dólares netos. Suficientes para operar, pero “no para invertir”, según destacan, en un sector que requiere 3000 millones de dólares por año sólo para mantener las reservas en el nivel actual.

Hacia el final de la cadena están las estaciones de servicio, divididas entre las que son propiedad de las petroleras y refinadoras y las otras, una gran mayoría integrada por las de marca o blancas. Estas consideran que el margen fijo del 8 por ciento sobre el precio al que compran los combustibles no alcanzó para evitar la quiebra de miles de expendedores, que tuvieron que enfrentar costos en alza con ingresos estancados. Aunque muchas veces esos cierres se deban que éstos se tentaron por el negocio inmobiliario, vendiendo a alto precio los predios sobre los que montaron los surtidores.

Como el ingreso de las estaciones de servicio es un porcentaje sobre el precio de los carburantes, que éstos suban calma la ansiedad de los estacioneros. Pero ese bálsamo no les basta. Por eso exigieron al gobierno, con Guillermo Moreno como principal interlocutor, medidas que van desde un subsidio liso y llano a que se limite la competencia prohibiéndole a petroleras y refinadoras tener su propia red. Utopías en las que, por ahora, no están incluidas en el menú de decisiones oficiales en danza.