Un ex embajador de Paraguay en la Argentina sindicó a “comerciantes que hacen negociados usando a diplomáticos acreditados ante Cancillería” como principales impulsores del ingreso ilegal de autos de lujo al país. Aseguró que le ofrecieron “hasta 20.000 dólares por utilizar mi derecho a importación” y puso bajo sospecha al resto del mundillo diplomático. “Seré el único o tal vez uno de los pocos que no lo hice”, arriesgó. Por su parte el canciller de Bolivia, Daniel Choquehuanca, informó que su gobierno investiga a diplomáticos que solicitaron franquicia para adquirir no sólo vehículos sino también whisky, vodka, cigarrillos y champán, entre otros artículos. Ahora, la Procuración General de la Nación deberá dictaminar “con carácter de urgente”, si le corresponde a la Corte Suprema llevar adelante la pesquisa sobre los funcionarios extranjeros implicados en el ingreso ilegal de autos vip.

“Por fin saltó este asunto. Alguna vez tenía que descubrirse esta forma dolosa de defraudar al Estado argentino”, declaró Orlando Fiorotto, embajador de Paraguay en Buenos Aires entre 2004 y mediados de 2006. La maniobra para importar vehículos de lujo con franquicia diplomática y luego venderlos a precio de mercado era “un secreto a voces” en el mundo diplomático, aseguró Fiorotto.

“Desde el primer día pude hacer uso de la liberación y no lo hice. No quise ser uno más del montón. No importé ni para mí, ni para terceros, ni mucho menos vendí mi franquicia para liberar vehículos”, agregó. Actual candidato a senador por el Partido Colorado, Fiorotto aseguró que “no caí en la tentación de los comerciantes que hacen negociados usando a los diplomáticos acreditados ante la Cancillería argentina”. Cerró con una acusación impropia del mesurado mundo de la diplomacia: “Seré el único o tal vez uno de los pocos que no lo hice”. Fiorotto fue removido en 2006 acusado de violaciones a los derechos humanos. Paraguayo Cubas, ex compañero en la facultad y ex diputado del Partido Colorado, denunció que había colaborado como delator con el dictador Alfredo Stroessner.

En tanto el canciller boliviano, David Choquehuanca, responsabilizó a diplomáticos de gestiones anteriores y defendió a los surgidos de los movimientos sociales. En declaraciones al diario El Deber, el ministro de Evo Morales sostuvo que funcionarios de carrera vendían las franquicias a los interesados a cambio de una comisión, y en otros casos compraban mercadería y luego la revendían a comerciantes.

Choquehuanca reveló que once funcionarios consulares de Bolivia en Argentina tramitaban franquicias para bebidas alcohólicas y bienes suntuarios, y que compras realizadas en teoría para sedes diplomáticas nunca llegaron a destino. Entre las adquisiciones figuran cajas de whisky, vodka, cigarrillos y champán, además de bienes suntuarios como alfombras o lámparas. El presidente Evo Morales afirmó que los funcionarios diplomáticos compraron “20 o 30 televisores” y por ello ordenó que una comisión interministerial inicie una investigación en Buenos Aires.

Mientras distintos gobiernos comienzan a hacer manifestaciones públicas, la Procuración General de la Nación deberá dictaminar “con carácter de urgente” a qué tribunal le corresponde investigar a los diplomáticos foráneos implicados en el ingreso ilegal de autos de lujo. Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia luego de recibir el expediente de manos del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado se declaró incompetente tras detectar que siete de los quince funcionarios extranjeros en actividad, que gozan de inmunidad, podrían llegar a ser imputados como partícipes necesarios de los negociados. En ese caso, el expediente pasaría a ser de “competencia originaria” de la Corte Suprema. La otra causa abierta por el mismo hecho pero en el fuero penal económico que durante la feria llevó adelante el juez Marcelo Aguinsky fue sorteada y ahora la tendrá a cargo Jorge Brugo (ver aparte).

La Corte pidió ayer la opinión de la Procuración y será el segundo de Esteban Righi, Luis González Warcalde, quien se expida sobre el tema. La resolución no será vinculante. En el máximo tribunal especulaban que si la Corte se hacía cargo de la causa, sería sólo en parte: la que corresponda a los diplomáticos que aún están en actividad.