Sábado, 9 de febrero de 2008 | Hoy
EL PAíS › LA CAMARA DE SAN MARTIN CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DE PATTI, QUE SEGUIRA PRESO
Los camaristas confirmaron la resolución del juez federal Alberto Suares Araujo, que lo había arrestado en noviembre pasado por casos de secuestros, desapariciones y un asesinato durante la última dictadura militar. Seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz.
Por Adriana Meyer
Si pensaba que era por un rato, el represor Luis Abelardo Patti tendrá que ir poniéndose cómodo en la cárcel de Marcos Paz. La Cámara Federal de San Martín confirmó ayer su procesamiento con prisión preventiva y lo dejó más cerca de afrontar un juicio oral por el secuestro y tortura de siete personas durante la dictadura. Los camaristas de la Sala I de ese tribunal confirmaron en todos sus términos la resolución del juez federal Alberto Suares Araujo. A fines de noviembre, este magistrado lo había mandado a prisión por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. “Es histórico que esta cámara, que ha sido adversa a los reclamos de los familiares, nos haya dado la razón”, dijo a Página/12 Ana Oberlin, abogada de los Gonçalves.
Todas las emociones –alegría, satisfacción o alivio– que los familiares de las víctimas de Patti pudieran haber sentido el 22 de noviembre cuando, finalmente, cayó preso, quedaron contenidas. Ese día primó la cautela y no hubo festejos. “Es un primer paso”, dijo entonces Juana Muniz Barreto, una de las hijas del ex diputado justicialista. La explicación de tal mesura se encuentra en los años de impunidad, en los vericuetos judiciales y hasta en los cambios de clima de época. Sentían que así como en esa jornada lo veían camino a Marcos Paz, a los pocos días podían verlo salir. “Ahora sí podemos decir que se consolida aquella buena situación. Para nosotros fue muy costoso lograr la detención, fue un proceso de trabajo de mucho tiempo, desde 2004 estamos buscando esto con la familia Gonçalves. Cuando se resolvió parecía imposible, y ahora sentimos que por fin se está haciendo justicia y se va en serio”, explicó Oberlin sobre el cambio de perspectiva.
Patti cumplió los 55 años en la cárcel, en el pabellón que comparte con el ex comisario Miguel Etchecolatz, el cura Christian von Wernich y el ex agente Raúl Guglielminetti. El 3 de diciembre fue visitado por el ex presidente Carlos Menem, que había acudido con el locutor Alejandro Mancini y el periodista Bernardo Neustadt. Ahora que fijará domicilio en el “pabellón de lesa”, como lo llaman, armará una nueva agenda a la espera de la apelación que presentará su abogado, Silvio Duarte, en la Cámara de Casación. De todos modos, esa iniciativa no debería ser obstáculo para que el juez Suares Araujo envíe el caso a juicio oral.
Los camaristas de la Sala I de San Martín, Juan Lugones, Jorge Eduardo Barral y Hugo Fossati, ratificaron el fallo de Suares Araujo en el que procesó a Patti por “privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales”. Es el mismo tribunal que hace algunos años rechazó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, entre otros pronunciamientos contrarios a los juicios por violaciones a los derechos humanos. “No es lo mismo que sea ésta la cámara que dice que hay elementos para considerar a Patti como autor de estos delitos”, evaluó la abogada Oberlin.
Patti está encarcelado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era subcomisario en Escobar, en la dictadura, y por su participación en el secuestro y posterior desaparición del ex diputado de la Tendencia Diego Muniz Barreto, en Ramallo. Muniz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Juan José Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre para luego ser llevados al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. El cadáver del ex diputado fue encontrado dentro de un Fiat 128 en un arroyo entrerriano mientras que Fernández fue rescatado con vida.
También se le imputa a Patti el secuestro de los militantes del mismo partido Gastón Gonçalves, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D’Amico. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la Ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
La otra buena noticia que recibieron sus familiares es que la Cámara revocó la falta de mérito que había dictado el juez respecto de la imputación de homicidio en el caso de su padre, a partir de la apelación de los querellantes y del fiscal Jorge Sica. Ahora Suares Araujo deberá evaluar si procesa a Patti también por el asesinato de Gonçalves.
En la misma causa están procesados con prisión preventiva, aunque gozan de arresto domiciliario por su edad avanzada, el dictador Reynaldo Bignone y los represores Santiago Omar Riveros y Eduardo Espósito, ex jefe de Patti en Escobar.
“A partir de la detención de Pa-tti mucha gente se animó a hablar, víctimas directas de él, hay nuevos testigos que se acercaron a mí, a mi colega Pablo Llonto y a los familiares. Esto demuestra que cuando cae un personaje simbólico y tan poderoso, se resquebraja la impunidad y eso anima a las personas a contar lo que les pasó. Y para todos ellos esta decisión judicial es una buena señal”, afirmó Oberlin.
Luis Patti tiene otras causas abiertas. Una en el juzgado federal de La Plata del juez Arnaldo Corazza y otra en el juzgado federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Ese magistrado investiga el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi y ayer le tomó declaración testimonial al represor Eduardo “Tucu” Costanzo. Esa medida había sido pedida por las abogadas que representan a las hermanas Cambiaso a partir de las declaraciones de Costanzo a Página/12, cuando identificó a los responsables del secuestro de los dos militantes justicialistas, entre otros detalles sobre ese y otros casos de desaparecidos. El represor había dicho que hablaba porque temía ser asesinado como el prefecto Héctor Febres, que apareció envenenado cuatro días antes de su condena. “Ya no es sólo la palabra de las víctimas, ahora los mismos represores empiezan a contar la verdad, por eso ya no nos pueden decir que lo nuestro es parcial”, dijo la abogada Ana Oberlin al referirse al valor de la declaración de ayer.
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