El policía Aníbal Luna, condenado a reclusión perpetua por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, realiza tareas de vigilancia y seguridad –algo que le debería estar vedado por sus antecedentes penales– en un lugar conocido como El Galpón, que pertenece a la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (Cotel). Luna fue excarcelado en agosto de 2006 y ahora debería volver a prisión por una decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. “El policía Luna trabaja acá, pero ahora no está. ¿Si es legal que trabaje acá? El está libre y puede trabajar donde quiera”, le dijo a Página/12 uno de los empleados de esa dependencia de la Cotel, ubicada en Boulevard 1170, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus de Gesell. La Cotel, para más datos, es propietaria de una de las dos agencias de seguridad que hay en la villa. Se trata de Gesell Seguridad SA, la más importante de la ciudad, responsable de la vigilancia de miles de comercios y casas particulares.

El rumor había corrido a comienzos del verano. El policía “estaría trabajando en una agencia de seguridad de Cariló”, cerca del lugar donde vive, en el llamado Barrio de los Maestros, en Ostende. El dato era aproximado a la verdad. “Luna no trabaja en Gesell Seguridad, trabaja para la Cotel, en El Galpón”, aclaró una fuente de la agencia que fue consultada en forma telefónica por este diario, que no pudo contactarse con el presidente del directorio de la firma, el oftalmólogo Jorge Corti, hijo de Luciano Corti, uno de los primeros médicos que llegaron a la villa, que lo retribuyó poniéndole su nombre a una de sus principales avenidas. El vínculo laboral de Luna se parece mucho a un juego de acertijos. Según las fuentes de la Cotel y de Gesell Seguridad “no trabaja para la agencia sino para la cooperativa”. De todos modos, la Cotel es dueña de la agencia de seguridad, de manera tal que es prácticamente lo mismo. ¿O acaso Cotel contrata personal de seguridad externo teniendo su propia agencia?

“Luna está en libertad por decisión de la Justicia y, en ese marco, como la sentencia que se le aplicó sigue sin estar firme, tiene el derecho de trabajar donde quiera. Es una barbaridad que eso ocurra, pero la Justicia es la que lo permite”, comentó a Página/12 Gladys Cabezas, la hermana de José Luis. “A esta gente no se le puede pedir que tenga decoro. Si fueron capaces de cometer semejante crimen, ahora pueden hacer cualquier cosa sin avergonzarse. La que tendría que reaccionar es la Justicia, luego del fallo de la Suprema Corte que ratificó la sentencia original de reclusión perpetua”, reclamó la hermana del reportero gráfico asesinado. “¿Qué clase de seguridad puede brindar una persona como Luna? Tal vez por eso es que volvieron los robos en serie en los lugares de veraneo”, concluyó.

Aníbal Luna fue condenado a reclusión perpetua en 2000 por un tribunal oral de Dolores. En el momento del asesinato de Cabezas, el 25 de enero de 1997, se desempeñaba como oficial ayudante en la comisaría de Pinamar. Lo acusaron de haber hecho un seguimiento de Cabezas en los días previos al crimen. Se lo consideró un partícipe necesario del homicidio y se le adjudicó haber intervenido en la maniobra para “liberar la zona” a fin de facilitar la tarea de los autores materiales, el policía Gustavo Prellezo y los civiles José Luis Auge, Gustavo González, Horacio Braga y Héctor Retana.

A Luna lo detuvieron por primera vez el 5 de mayo de 1997. El 4 de junio de ese año lo dejaron libre y el 21 de agosto lo arrestaron hasta que fue condenado. En agosto de 2006 quedó en libertad luego de que el Tribunal de Casación bonaerense resolviera bajarle la pena a 24 años de prisión. La excarcelación se decidió por aplicación de la ley 23.390, conocida como del dos por uno, un cómputo especial del tiempo de detención que hizo considerar a los jueces que había “cumplido sobradamente con los dos tercios de la pena”. Para dejar la cárcel, Luna tuvo que pagar una fianza de 40 mil pesos. En septiembre del año pasado, la Suprema Corte bonaerense revocó la sentencia del Tribunal de Casación y ratificó la pena original de reclusión perpetua. Ese fallo fue apelado por la defensa de los acusados y todos los que fueron excarcelados, incluyendo a Luna, siguen en esa situación, aunque se supone que en algún momento deben volver a prisión.

Gesell y la seguridad

La cooperativa Cotel, cuyo presidente del directorio es Blas de Grosso, es una de las instituciones más importantes de Gesell. El “hombre fuerte” de la cooperativa es su tesorero, Antonio Roncoroni, quien es además presidente de la Federación de Cooperativas del Sur. La Cotel es dueña de la empresa Gesell Seguridad S.A., cuyo titular es el oftalmólogo Corti. La agencia de seguridad es la que más trabaja en la zona. Provee a sus clientes de un sistema de alarma que funciona en coordinación con móviles y personal de vigilancia que circula en forma permanente por la ciudad.

Antonio Roncoroni, el tesorero de Cotel, es uno de los empresarios de mayor peso político en Gesell. Una versión nunca confirmada afirma que el ex intendente radical Luis Baldo perdió las elecciones pasadas a partir de una pelea que tuvo con Atilio Roncoroni, hermano del hombre fuerte de la Cotel, a quien ahora se vincula con el nuevo jefe comunal, el peronista Jorge Rodríguez Erneta. El radicalismo perdió la intendencia luego de permanecer en la gestión durante tres períodos consecutivos.

“Cuando asumió Rodríguez Erneta, sus principales ejes fueron los de prometer mejoras en limpieza y seguridad. En estos primeros tiempos de gobierno, desde diciembre, el tema de la limpieza mejoró bastante, pero el de la seguridad no”, le comentó a este diario un periodista de Gesell que conoce de cerca la situación interna. “Jorge Corti, el presidente del directorio de Gesell Seguridad, iba a ser designado como secretario de Seguridad del gobierno comunal, pero finalmente desistió de serlo porque no se creó la secretaría del área”, comentó.

“Por esa razón –agregó–, se llegó al nombramiento del actual director de Seguridad, Claudio Ciambotti, quien ha recibido críticas por su gestión y por algunas razones accesorias, como hacer un gran negocio con un hotel de su propiedad, llamado Villa del Sol, donde se alojan todos los policías llegados a la ciudad para reforzar la vigilancia en verano.” Funcionarios de la anterior gestión comunal encabezada por el radical Baldo le dijeron a este diario que “la droga, sobre todo en algunos lugares bailables, circula con total libertad y la policía no hace o no puede hacer nada. Por eso, la seguridad privada fue avanzando en presencia. Esto hace más grave que en algunos puestos se desempeñen personas que, como Luna, deberían estar inhabilitadas, aun cuando la sentencia condenatoria no esté firme”.

Uno de los casos más notorios, en cuanto a la presencia de la droga entre los jóvenes que llegan a Gesell, fue el asesinato a golpes del sereno Cerafio Chávez, de 56 años. Por el hecho fue acusado un joven turista de 20 años, a quien la víctima había orinado cuando lo encontró durmiendo en la playa. El chico, al prestar declaración ante el fiscal Diego Bensi, aseguró que se había defendido “ante el ataque de un oso”, lo que demostraría que estaba “totalmente drogado”, estimaron fuentes de la investigación.

A poco de asumir, el intendente Rodríguez Erneta tomó algunas polémicas medidas, como instalar cámaras de TV y garitas de control en distintos sectores de la ciudad. Las medidas, se dijo, tenían como objetivo “la protección de la gran cantidad de menores que llegan a Villa Gesell” e imponer el respeto, por parte de los comerciantes, de “la prohibición de venderles (a esos jóvenes) bebidas alcohólicas”. Hasta ahora, lo que se advierte es la presencia de operativos masivos de la policía bonaerense para “controlar” a los jóvenes, mientras la seguridad privada va ocupando cada vez más espacio, con la presencia inquietante de agentes con los antecedentes de Aníbal Luna.