Es una pregunta que se reitera en casi todos los medios de difusión, sin ninguna ingenuidad: ¿Por qué la presidenta Cristina en diálogo personal con los asambleístas de Gualeguaychú no les pidió que desistan del piquete? La respuesta es mucho más directa que la pregunta: No le hubieran hecho caso, lo que la hubiera obligado a imponerse por la fuerza, en contra del método usado por el Gobierno desde 2003 frente a la protesta callejera, con el consiguiente daño para su imagen de autoridad. Después de tantos meses de protesta activa, tendría que haber una razón de suficiente mérito en compensación para bajar a los ribereños entrerrianos de su empecinamiento. Hubo una advertencia presidencial, sin embargo, que no fue recibida con el alerta correspondiente, tal vez porque fue dicha antes de la audiencia, pero es muy precisa y directa: Argentina obedecerá el fallo del Tribunal de La Haya, sea cual fuere, sobre el litigio con Uruguay. En la audiencia de la delegación de vecinos no hubo nada que desmintiera esa afirmación, suficiente por ahora para dibujar un horizonte para las relaciones bilaterales, un punto de partida para reestablecer el papel de la diplomacia en la recuperación del trato recíproco que merecen dos vecinos y socios, lo que incluye todo posible acuerdo en la defensa de la calidad del medio ambiente, en particular lo relacionado con la actividad en la zona, del lado uruguayo, de la empresa finlandesa Botnia. La resistencia de Gualeguaychú acumuló aciertos y errores, pero le cabe la distinción de haber hecho más que nadie en el país para despertar la conciencia ambiental en las autoridades y la ciudadanía. También es verdad que, salvo una orden judicial mediante, la empresa Botnia no se paralizará por la protesta vecinal ni la nación puede ir a la guerra por la misma causa. En algún momento –cuando La Haya se pronuncie, advierte la Presidenta– habrá que pensar en caminos intermedios y soluciones alternativas.

Por su parte, esta semana también Néstor Kirchner tuvo su jornada de piqueteros, porque recibió a cuatro jefes de otras tantas organizaciones que integraron el movimiento nacional, aunque ninguno tuvo ni tiene que ver con el río Uruguay, porque su causa defendía a otros sectores sociales y su principal preocupación eran el empleo, la exclusión social y la pobreza. Llamarlos piqueteros es un tributo a la memoria porque ya hace tiempo que ninguno de ellos utiliza ese método de protesta que ha pasado a manos de las clases medias, pese a que en su momento eran las que más se quejaban de la rebeldía de los pobres. Ahora es más correcto nombrarlos como movimientos sociales, puesto que no han dejado de existir, pero han modificado los ejes de la actividad, derivando hacia el cooperativismo y otros emprendimientos productivos, mientras otros núcleos son todavía recipientes de los planes gubernamentales de asistencia y algunos de sus jóvenes forman parte de ese medio millón largo que no estudia, no trabaja ni busca empleo. Algunos dirigentes de los piqueteros de antes, incluidas sus principales figuras, ocuparon cargos en el gobierno precedente y es casi seguro que alguno reincidirá en el actual elenco, o revistan en legislaturas y otras actividades del Estado. No está mal porque contribuyen a la renovación, pese a que los opositores los anotan entre los “cooptados” por la hegemonía kirchnerista, pero es una lástima que sus movimientos de lucha, que a su hora despertaron tantas expectativas como nuevos actores sociales, no hayan encontrado la manera de seguir presentes en la vida política, no sólo con sus dirigentes en despachos oficiales, influyendo con sus puntos de vista y contribuciones existenciales a la elaboración de políticas públicas. A juzgar por algunas experiencias internacionales, organizaciones territoriales de este tipo podrían contribuir de manera efectiva a la seguridad urbana colectiva, sin convertirse en “buchones” de la policía, siempre sospechada de malandanzas, sino en supervisores de la vida barrial. En Italia, por ejemplo, la militancia política de base, antes que estallaran los partidos políticos y los sobrevivientes se desplazaran hacia el centro y la derecha, fueron determinantes para denunciar a los comerciantes de drogas ilegales y para el debate público con la violencia de las Brigadas Rojas, algunos de cuyos dirigentes arrepentidos, como Toni Negri, autor de Imperio, devinieron en intelectuales de renombre mundial.

De todos modos, Kirchner no los citó a sus oficinas de Puerto Madero para revivir tiempos pasados ni para discurrir sobre destinos sociológicos. Además de escuchar las demandas que pudieran tener sus interlocutores, con seguridad quería confirmar que sigue contando con ese activo de movilización y ofrecer algunos puestos oficiales. No menos importante, hasta por sus valores simbólicos, era mostrar a propios y extraños que no ha reemplazado con la reorganización “pejotista” sus ideas previas acerca de la formación de un movimiento plural, que carece de denominación precisa, formado con la contribución de partidos políticos y organizaciones sociales de diverso carácter y signo. En la tradición peronista, el PJ era el instrumento electoral, pero el Movimiento –esa gigantesca carpa que albergaba a izquierdas y derechas– era su expresión plenaria. Los sindicatos fueron nombrados “columna vertebral” del partido de los trabajadores y con ese recuerdo hoy en día Moyano, los “Gordos” y otros caciques de la CGT acunan expectativas sobre lotes propios tanto en la conducción del PJ como en la obra de gobierno y en las listas electorales del próximo año. Quieren dejar de lado el paso del tiempo, como la cosmética “pro-age”, pero es una esperanza vana. Ni siquiera el peronismo es idéntico a sí mismo, tampoco los sindicatos de la CGT que hoy en día representan a dos de cada diez trabajadores activos. Según el Indec, cuyas estadísticas sigue respaldando el Gobierno, los mayores aumentos salariales en 2007 fueron para los empleados públicos (28,42 por ciento), luego los empleados “en negro” (24,13 por ciento) y por último los trabajadores privados “en blanco” (20,05 por ciento).

Si los estatales se llevaron el mayor porcentaje, seguidos de los informales, es una proporción lógica, ya que se trata de sectores postergados por muchos años. Lo único para lamentar es que aún el Gobierno y los sindicatos del sector no hayan encontrado la oportunidad ni la determinación para impulsar la indispensable reforma del Estado, con la colaboración de las universidades y especialistas en la materia. Es cierto, tampoco la oposición, en particular la que ocupó la administración del Estado dos veces en el último cuarto de siglo, hizo nada en el mismo sentido. Todas las formaciones que se llaman progresistas, efervescentes en cada momento electoral o como en estos días para no quedar subsumidas por el peso específico del PJ en la concertación de gobierno, ninguna de ellas ha mostrado un proyecto propio con las líneas básicas de una reformulación semejante. Estos son tiempos de refundaciones y quienes, a propósito, evocan los orígenes del peronismo, no pueden ignorar que este Movimiento perduró en el tiempo por las bondades de su obra inicial aunque también porque supo reorganizar las instituciones del país, el Estado en su conjunto, de una manera perdurable, tanto que aguantaron más de medio siglo antes de agotarse. Ahora están exhaustas, cuando no caducas, como puede constatarse en un centro de reflexión como la misma universidad, sin que ninguno de los que se anotan en la lista de conductores sea capaz de pensar ninguna opción de alternativa. Está claro que un proceso de desarrollo sustentable, sin injusticias flagrantes, requiere tiempo, tal vez veinte años como piensan en altos niveles del kirchnerismo, pero necesita, a la vez, una visión estratégica más alta que la organización del sustento partidario o la maniobra táctica de corto plazo. Es más que una operación de marketing o de imagen, por muy importantes que éstas sean en la época actual.

Sin esta visión, larga y profunda, la política queda reducida a lo que se ve en la tele. Roberto Lavagna, después de voltearse en el aire, para acallar los comentarios críticos asegura que si Kirchner no hace caso de su programa lo abandonará de nuevo. ¿Desde cuándo las minorías imponen sus plataformas en el partido que los cobija? Por su lado, Elisa Carrió cree ser víctima de conspiraciones malignas, porque no la reconocen como jefa de la oposición, pese a que salió segunda en las presidenciales. Rating aparte, ¿el rol de la oposición se reduce a criticar la obra de gobierno desde los programas de TV o debería generar iniciativas diferentes que reflejen las necesidades y las voluntades de los ciudadanos al mismo tiempo que movilicen la participación popular en lugar del método de ordeno y mando? Sería bueno que el debate político abarque las preguntas que inquietan a los votantes, en lugar de mostrar historias como la del intendente de Pinamar, Roberto Porretti, envuelto en proceso judicial después de ser acusado de solicitar soborno para otorgar permisos a locales nocturnos. Porretti estuvo al lado de su predecesor Blas Altieri hasta que pudo derrotarlo, por 300 votos, desde el Frente para la Victoria, que abandonó inmediatamente después de su ajustada mayoría. Si eso es lo que hay, mejor perderlo que encontrarlo.