Ya está en Argentina el pedido de detención contra 57 represores por su participación en el Plan Cóndor. La solicitud llegó desde Italia, donde el fiscal Giancarlo Capaldo investiga, desde 1998, el acuerdo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del ’70. El expediente aterrizó, previo sorteo, en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado debe decidir si arresta a los acusados que todavía no están presos aquí. En esa situación está el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy. Canicoba Corral también podría pasarle el caso al juzgado que tiene a su cargo la causa sobre el Plan Cóndor abierta en el país, que está cerca de ir a juicio oral.

En diciembre del año pasado la jueza romana Luissana Figliola solicitó la captura con miras a extradición de 140 militares y servicios de inteligencia argentinos, uruguayos, chilenos, brasileños y paraguayos. De hecho, el uruguayo Néstor Fernández Troccoli, ex miembro del servicio de inteligencia de la Armada de su país, fue detenido en ese momento en Salerno, al sur de Italia. El resto de los pedidos de arresto salieron para los diferentes países. El jueves llegó, vía Interpol, la lista a la Argentina, a la que tuvo acceso Página/12. Incluye a Harguindeguy, involucrado aquí en una causa, también por el Plan Cóndor. Pero el ministro de Interior de Videla no está preso porque fue beneficiado con la excarcelación. Por eso, la semana pasada se lo vio mientras tomaba sol en Pinamar.

Si Canicoba Corral hace lugar al pedido italiano, Harguindeguy podría volver a prisión. Su estadía sería breve ya que el magistrado dispondría que los buscados por la Justicia italiana sigan en libertad hasta que se defina si son extraditados. “Por el momento lo único que tenemos es una nota de Interpol que nos avisa que van a llegar los pedidos de detención desde Italia. Pero como aquí hay otra causa sobre el Plan Cóndor puede ser que el juez decida derivar la decisión a quien tenga ese expediente”, señaló a este diario un funcionario del juzgado.

Hay otro frente que complica a Harguindeguy. Luego de que un guardavidas señalara su presencia en la playa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó su arresto en tres causas en las que está involucrado: Plan Cóndor, el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo y la planificación y ejecución del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los jueces Norberto Oyarbide (por el momento lo reemplaza María Servini de Cubría), Ariel Lijo y Sergio Torres deben expedirse al respecto.

Otros represores que reclama el fiscal Capaldo son Miguel Osvaldo Etchecolatz, Cristino Nicolaides, Antonio Domingo Bussi, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Emilio Eduardo Massera, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Eduardo Alfredo Ruffo, Rubén Visuara y Jorge Rafael Videla. A la lista de los 57 represores deberían sumarse los ya condenados en Roma por el asesinato de los trabajadores de los astilleros Astarsa Mario Marras y Martino Mastinu: el general Santiago Omar Riveros y los suboficiales de Prefectura Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado y Roberto Julio Rossin. A excepción del primero, que está con arresto domiciliario, todos están libres. Su pedido de arresto internacional salió de Roma junto con el del Plan Cóndor.

La investigación italiana sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur abarca los secuestros y asesinatos de 25 ciudadanos de ese país.

Dora Marta Landi y Alejandro José Logoluso fueron secuestrados en Paraguay en marzo de 1977. Un documento recuperado en los archivos del terror de Paraguay señala que ellos, junto con un grupo de detenidos uruguayos, fueron trasladados desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada Argentina piloteado por el capitán “José Abdala” –un alias– y fueron entregados a miembros de la SIDE. Un día antes el dictador Emilio Eduardo Massera habría viajado a Santa Fe en el mismo avión para participar del acto del Día de la Armada.

La Justicia italiana también quiere juzgar la apropiación de Carlos D’Elia, hijo de los uruguayos Yolanda Casco y Julio César D’Elia, secuestrados en la Argentina y llevados al COTI Martínez. Carlos nació en el Pozo de Banfield y fue apropiado por un marino retirado. Otros casos que forman parte de la investigación son los de Silvia Tolchinsky, secuestrada en Mendoza en 1980 y llevada a Campo de Mayo y a un centro clandestino en Paso de los Libres; los de Mónica Pinus y Horacio Campiglia, detenidos en Río de Janeiro en 1980, y el de Lorenzo Viñas, secuestrado en 1980 en Uruguayana.

“Es una investigación compleja porque incluye realidades de diferentes países: los represores paraguayos están muertos y en Chile como en la Argentina hay gente que ya fue o está siendo juzgada”, señaló uno de los impulsores de la causa en Roma. La Justicia italiana admite el juicio en ausencia, que podría realizarse contra los represores latinoamericanos si los países no autorizan las extradiciones. Así fueron condenados, el año pasado, los marinos Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Febres. Ese proceso se llevó a cabo aunque en la Argentina había causas –pero menos avanzadas– contra los mismos acusados. En el caso del Plan Cóndor, el expediente local podría llegar a juicio antes de que se terminen de tramitar las extradiciones.