Lo negaron sistemáticamente durante más de un año, pero anteanoche, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, confirmó que la administración de Felipe Calderón prepara una reforma energética que permitirá a empresas extranjeras explorar y explotar yacimientos petrolíferos en aguas profundas, algo expresamente prohibido en la Constitución mexicana. Las declaraciones de la funcionaria, realizadas en una entrevista de televisión, avivaron un debate que desde hace meses viene dando casi solo Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial de la izquierda que ha sostenido en todos los foros posibles que el gobierno “espurio” de Felipe Calderón prepara la privatización de Petróleos Mexicanos, el gigante paraestatal que en 2007 generó 100 mil millones de dólares en ingresos que representan el 12,5 por ciento del PIB mexicano. El 60% de esos ingresos financiaron el gasto corriente de la administración de Calderón y algo del gasto social federal.

Considerada un tabú, la privatización de Pemex –que requeriría una reforma constitucional– algo ha avanzado mediante la manipulación de leyes secundarias. En los hechos, desde 1998, los últimos tres gobiernos (un priísta y dos panistas) han concedido contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares. Manejados como créditos, implican que el Estado mexicano deberá pagar 150 mil millones de dólares en los próximos 25 años.

“Se los dije”, soltó López Obrador, quien apenas el lunes pasado había denunciado que ya existía un acuerdo cupular entre el PAN y el PRI para que se acelerara la reforma energética en la Cámara de Diputados. Casi todos los medios se le fueron encima y arreciaron la de por sí incesante campaña negativa en su contra. Incluso, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del izquierdista PRD, tres veces candidato a la Presidencia de la República e hijo del presidente Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo en 1938, criticó a López Obrador por hablar de una privatización que nadie mencionaba con ese nombre.

“¿Qué van a decir los conductores de radio y televisión y todos los políticos y funcionarios que han estado vociferando que no tenía razón, que mentía, que no había un proyecto privatizador de Pemex, ahora que la funcionaria del gobierno usurpador lo ha reconocido?”, respondió ayer López Obrador.

Los planes de la administración de Calderón contemplan que empresas extranjeras exploren y exploten yacimientos petrolíferos en aguas profundas a partir de 2010, justo en el Bicentenario de la Independencia del país y el centenario de la revolución mexicana. Y si bien negó que se fuera a proponer una reforma a la Constitución, que prohíbe la inversión privada directa en el crudo y gas natural, sí recalcó la necesidad de reformar el marco legal que rige a Pemex.

“Yo espero que sí vaya a haber una reforma energética en este mismo año. Estamos trabajando en ello”, dijo Kessel, quien repitió insistentemente que de lo que se trata es de fortalecer a Pemex. Este ha sido el mismo argumento con el que los últimos cuatro presidentes de México han tratado de promover la privatización disfrazada de Pemex, sin conseguirlo.

Este nuevo intento ha sido trabajado entre el PAN y el PRI durante el último año, y cuenta con el impulso de la administración de Felipe Calderón, quien fue secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox y concedió cualquier cantidad de contratos a empresas privadas para explotar gas natural y electricidad, los cuales ahora son investigados por la Auditoría Superior de la Federación.

“Sólo que nosotros no lo vamos a permitir”, advirtió López Obrador. “Nos hemos venido preparando desde antes para que no nos agarren por sorpresa, porque lo que más ambicionan los patrones del pelele de Calderón es el petróleo”, dijo durante una gira por el sudeste mexicano en la que depositó una ofrenda de flores en la tumba del último emperador azteca.