El segundo faltazo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Carlos Fernández, a la cita propuesta para ayer por el ombusman generó la reacción de Eduardo Mondino. Este hizo saber que iniciará una “actuación” destinada a “accionar” ante la falta de colaboración de los funcionarios del Poder Ejecutivo, a quienes acusó de haber “obstruido y entorpecido” el desarrollo de sus funciones. Un gesto ante la frustración por no haber conseguido habilitar la instancia de diálogo que le reclamaron los ruralistas.

La ausencia de esos dos Fernández fue anticipada por la mañana a través de declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien consideró que el defensor del Pueblo de la Nación está subordinado constitucionalmente al Gobierno y que el Estado “no es contraparte” en la disputa con el agro. Los dichos se inscriben en una línea argumental similar a la que habían sostenido el día anterior todas las voces que se alzaron a favor de la posición de que el Estado no podía exponer a juicio las decisiones soberanas que toma un gobierno legítimo.

Desde la Defensoría, Mondino y sus asesores señalan las competencias consagradas por la Constitución Nacional así como por la ley 24.284, que precisa sus atribuciones y procedimientos: allí se consigna que las autoridades deben colaborar con el ombusman. “Recordemos que es facultad del defensor del Pueblo de la Nación formular recomendaciones, exhortaciones y presentaciones ante la Justicia”, señala un comunicado de ese ente, con el obvio afán de destacar esta última instancia extrema.

Pero la realidad es que los abogados de la repartición oficial estaban ayer discutiendo cuál es la posibilidad concreta de que dispone Mondino para hacer una imputación al Gobierno, imaginando que la vía podría ser una eventual denuncia ante el procurador general de la Nación o, directamente, ante los Tribunales. Mientras se resuelve esa cuestión en las oficinas de la Defensoría, Presidencia recibirá el pedido de audiencia a Cristina Fernández de Kirchner que el ombusman prometió públicamente hacer el lunes para forzar un encuentro con los ruralistas.

El reclamo de la Mesa de Enlace, invocando la presunta vulneración de sus derechos con las decisiones administrativas que tomó el Estado (por las retenciones móviles), dio lugar a la actuación 3159. En este marco, la Defensoría empezó a acumular información que le permita, en algún momento, concluir si efectivamente hubo alguna conculcación y, luego, formular las recomendaciones, exhortaciones o denuncias del caso. En rigor, ni la Mesa de Enlace ni el propio Mondino pensaron llegar a ese punto. La aspiración del campo y del ombudsman se limitaba a obligar al Gobierno a retomar el diálogo interrumpido desde el 25 de mayo, pero la firmeza oficial y la dureza de dirigentes que continúan con la medida de fuerza hicieron que el trámite se fuera de las manos de Mondino, quien quedó en un lugar muy incómodo.