La Corte Suprema aceptó estudiar un planteo de la provincia de San Luis contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de todas las normas dictadas desde 2002 que hayan impuesto derechos de exportación. La denuncia reclama también una suerte de indemnización por considerarse afectada, por efecto de las retenciones, en el reparto de la coparticipación. En la misma resolución donde afirman su competencia, los supremos ordenaron notificar al Gobierno para que conteste con su postura a lo sumo en 60 días. Este plazo permite pronosticar que, tal como informó PáginaI12, el tribunal está muy lejos de firmar un fallo sobre el tema, algo que haría recién cuando conflicto rural sea sólo un recuerdo.

La demanda de San Luis que cuestiona las retenciones móviles a la exportación de granos es la única (entre una nutrida lista) que hasta ahora admitió la Corte. Los jueces firmaron ayer una resolución donde aceptan tratarla como un asunto de “competencia originaria” por ser un pleito promovido por una provincia contra el Estado nacional. Sus Señorías oficializaron la decisión a través de un comunicado que muestra que la presentación puntana junta en un gran paquete casi todos los debates jurídicos que surgen alrededor de los derechos de exportación.

El abogado que representa a los puntanos es el ex ministro de Justicia y ex juez supremo del menemismo Rodolfo Barra. Su extenso escrito, firmado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, hace hincapié en estos puntos:

- Pide que se declare la inconstitucionalidad de todas las normas que fijaron derechos de exportación a partir de enero de 2002. Pone en discusión, en definitiva, la validez del sistema en sí mismo. En los primeros meses de aquel año las retenciones a la soja y el girasol rondaban el 13,5 por ciento del producto. Tras los sucesivos incrementos se ubican en alrededor del 40 por ciento.

- También plantea invalidar las leyes nacionales que prorrogaron la emergencia pública declarada por la ley 25.561 en enero de 2002.

- Dice que es igualmente inconstitucional la delegación que autoriza el artículo 755 del Código Aduanero para que el Poder Ejecutivo establezca los derechos de exportación e importación. Agrega que, según la Constitución, es una facultad indelegable del Congreso.

- Busca que se condene al Estado nacional a pagar a la provincia la diferencia entre lo percibido por coparticipación tributaria (a través por ejemplo del impuesto a las ganancias y el IVA) y lo que hubiese obtenido de no haberse aplicado los derechos de exportación. El razonamiento que plantean los demandantes es que “las retenciones afectan la rentabilidad de la cadena de producción y/o comercialización”, por lo tanto, “como lógica consecuencia de esa disminución forzada y artificial de la rentabilidad del contribuyente se sigue la inevitable proporcional y directa reducción de la masa de impuestos coparticipables”.

En la Corte existe jurisprudencia de que es inconstitucional la delegación legislativa en otro Poder del establecimiento de “impuestos, contribuciones y tasas”. El último fallo en que lo afirmó, Selcro S.A. contra el Estado, es de 2003 y lleva las firmas de tres supremos en funciones (Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda). De todos modos, es evidente que Sus Señorías tienen frente a sí un reclamo bastante más complejo. Ayer se preocuparon por aclarar a través de sus voceros que la definición no es inminente ni mucho menos.

El procurador del Tesoro (abogado del Estado), Osvaldo Guglielmino, dijo que después del anuncio del plan social que se financiará con las retenciones, San Luis debería retirar o reformular su denuncia. Según Barra, no habrá marcha atrás. “Pueden regalarle plata a San Luis –chicaneó–, pero el problema jurídico y de coparticipación seguirá.”