Las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres-Línea Fundadora, el CELS, la APDH, la Ctera, Poder Ciudadano y otras organizaciones acordaron con “la decisión del Poder Ejecutivo de someter al análisis del Congreso la política pública de retenciones móviles. El Congreso es el ámbito deliberativo por excelencia en una democracia y goza de una amplia representatividad política y federal”. También reclamaron el compromiso de los actores sociales “con las reglas del juego democrático” y el cumplimiento de los legisladores de su papel garantizando “la mayor transparencia y participación en el trámite parlamentario”.