Los querellantes particulares del juicio contra cinco represores del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes solicitaron las mismas penas que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: prisión perpetua para el coronel retirado Ramón Manuel Barreiro, 25 años de prisión para el coronel retirado Horacio Losito y para el capitán retirado y ex presidente de la Sociedad Rural de la provincia, Juan Carlos De Marchi, y 18 años de cárcel para el ex sargento Carlos Roberto Píriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Hoy concluirá el alegato de la fiscalía.

Los abogados Diego Vigay y Ramón Leguizamón alegaron en representación de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y de los familiares de Juan Ramón Vargas, desaparecido, y de Rómulo Artieda, asesinado luego de su cautiverio en el Regimiento 9, enterrado como NN en el cementerio de Empedrado y exhumado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Luego comenzó el alegato del fiscal federal correntino Germán Wiens Pinto y del fiscal de primera instancia Flavio Ferrini. “Vinimos con trece víctimas y salimos con más de cuarenta. El segundo juicio va a tener más imputados y más víctimas”, celebró Wiens Pinto, satisfecho por el aporte de los testigos.

El fiscal recordó, al mismo tiempo, que “hubo dos infiernos: el de las víctimas y el que sufrieron sus familiares”. En relación con la figura del desa-parecido, afirmó que “la desaparición de personas es la muerte subterránea, es la muerte furtiva” y explicó que “no hubo excesos: hubo una científica planificación de los excesos”. “Los desaparecidos no van a morir nunca. La memoria colectiva no lo debe permitir jamás”, concluyó Wiens Pinto.