–Usted acusa a Irán por el atentado. Sin embargo, no se ha podido establecer con claridad dónde se armó la camioneta-bomba, cómo se consiguieron los explosivos y quienes fueron los supuestos colaboradores de los iraníes en la Argentina. ¿Cómo lo explicaría?

–Como todo hecho criminal de envergadura, la ejecución de un atentado terrorista de la magnitud del perpetrado contra la sede de la AMIA reviste cierta complejidad. Por lo general, en este tipo de casos es posible señalar distintas fases o segmentos, a cada uno de los cuales le cabe una función específica dentro del plan general. Así, quien decide realizar la operación puede no ser (y de hecho, normalmente, no es) quien se encarga de materializarla. Incluso en este aspecto, las personas que toman parte pueden no estar al tanto de las tareas asignadas a otros miembros del grupo, a quienes incluso pueden no conocer. En este esquema, creo que se puede comprender un poco mejor de qué manera es perfectamente posible, desde el punto de vista probatorio, llegar a dilucidar uno o más aspectos de la investigación, al tiempo que otras cuestiones siguen sin ser develadas. Y esto es lo que, modestamente, hemos logrado en la causa: se ha establecido, después de muchos años, la responsabilidad que le cupo a determinados individuos en las etapas más decisivas del plan. Se ha establecido incluso la responsabilidad de ciertos individuos que colaboraron a nivel local, como Ra-bbani y Asghari, y las pruebas que los incriminan no desaparecen por el solo hecho de que hasta el momento no hayamos identificado a la totalidad de quienes prestaron su apoyo local. Una cosa no quita la otra. Un ejemplo: en un hecho en el que participaron tres personas, usted puede identificar a dos de los tres autores y la circunstancia de que el tercero no haya sido identificado no disuelve la responsabilidad de los restantes. Sin perjuicio de todo lo cual, estamos trabajando muy duro para poder cerrar el círculo de todos los que pudieron haber colaborado en el hecho a nivel local.

–Insiste en que casi toda la logística del atentado estuvo en manos de diplomáticos iraníes en Argentina. ¿No sería este el primer caso de un atentado en el cual un país utiliza a sus diplomáticos en un ataque así? ¿Los países no tratan de disimular su participación, de no usar a sus funcionarios oficiales?

–No, en mi opinión no carece de lógica, diría que al contrario. La utilización de la estructura diplomática constituye una herramienta muy eficaz para poder disimular la realización de esta clase de operaciones, pues ofrece ciertas ventajas comunicacionales y logísticas que reducen los riesgos de que la operación sea descubierta (por ejemplo, mediante la utilización de la valija diplomática, el flujo de correos-hombre, el uso de cuentas bancarias oficiales, etc.). Y esto es precisamente lo que se ha podido probar en nuestra investigación. No se olvide que estamos tratando con un gobierno que, al menos a la época de los hechos, utilizaba estamentos relevantes de su burocracia al servicio de una política exterior que no desdeñaba la apelación a la violencia para lograr sus propósitos. Y esto no lo digo solo yo: en la investigación de los homicidios de un grupo de disidentes kurdos en el bar Mykonos, de Berlín, un tribunal alemán ordenó la captura nada menos que de un ex jefe de los servicios de inteligencia iraníes. También es interesante recordar que varias de las personas involucradas en el asesinato de Radjavi (un disidente iraní muerto en Suiza) ingresaron a ese país con pasaportes del servicio iraní en los que figuraba “encargado de misión”, y otro tanto puede decirse del homicidio de Chapour Bahktiar (otro disidente del régimen), en el que la Justicia francesa condenó a un sujeto integrante de los servicios secretos de Irán y afirmó que uno de los prófugos se habría refugiado en la embajada iraní en Berna. En este caso la Justicia francesa también vinculó al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

–El gobierno iraní afirma que su acusación se basa en dictámenes de servicios de inteligencia, como la CIA, el Mossad y la SIDE, además de declaraciones de arrepentidos y fugados de Irán. O sea que toda la base es política y no de pruebas concretas. ¿Cómo contestaría?

–Este ha sido el principal argumento empleado por las autoridades iraníes para desacreditar el dictamen. De hecho, fue el eje de la posición iraní en el debate que se sustanció ante la Interpol, por la oposición que aquel país manifestó ante los pedidos de captura de la Justicia argentina. Sin embargo, tanto la oficina de asuntos jurídicos de la Interpol como el secretario general de la organización, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, donde el asunto fue examinado en profundidad, establecieron que tales alegaciones eran improcedentes. Más allá de mi posición personal –obviamente estoy plenamente convencido de la solidez de las evidencias que respaldan mi acusación–, ha habido una larga y sustanciosa discusión en un foro internacional en el cual quedó en claro que el caso AMIA es un caso judicial, no político. Sin perjuicio de ello, frente a cuestionamientos de esa naturaleza no puedo hacer otra cosa que recomendar la lectura del dictamen a quienes deseen informarse seriamente sobre su contenido. Se darán cuenta entonces de que nuestras conclusiones se apoyan en evidencias concretas: declaraciones de testigos, informes de organismos oficiales y extraoficiales, sentencias de otros tribunales, registros de llamadas telefónicas, registros migratorios, etc. En las 800 páginas que conforma el escrito, no mencionamos ni un solo informe de la CIA o del Mossad; no hay, repito, un solo hecho que esté sustentado en esa clase de evidencia. Lo cual revela muy claramente, o bien un grave desconocimiento, o una lisa y llana mala intención con relación a este tema.

–Por lo que sabemos de su investigación, uno de los centros de la planificación del atentado fue la Triple Frontera, en especial la zona de Brasil, desde donde se operó con un celular a nombre de un tal André Márquez. ¿Cuál es la situación de Brasil y Paraguay en la investigación?

–Desde mi perspectiva, no cabe a las autoridades judiciales o extrajudiciales de ningún país corroborar o dejar de corroborar los resultados de una investigación sustanciada en otro país, y ello no sólo por una cuestión de soberanía, sino también por el hecho, no menos manifiesto, de que no conocen la causa, por lo que mal podrían opinar. En este caso en particular, y con relación a la colaboración que ha existido en este tema con las autoridades de Paraguay y Brasil, debo decir que en la causa hay sobradas muestras de la sistemática cooperación que las instancias judiciales de estos países han brindado a la pesquisa, respondiendo a nuestros requerimientos, algunas veces con más eficacia que otras, pero siempre dependiendo de la complejidad técnica que la cuestión plantee y no por otras razones. Así que, en este sentido, con nuestros vecinos no ha ocurrido nada diferente a lo que pasó con el resto de los países cuya cooperación hemos solicitado en el marco de la investigación.