El titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas solicitó a la Justicia Federal que ordenara “la prohibición de salida del país” de Guillermo Moreno, secretario de Comercio, en relación a la causa que se le imputa por supuesta manipulación de las estadísticas de precios en el Indec. La solicitud fue presentada ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, ante la posibilidad de que el funcionario renuncie, salga al exterior y así eluda el accionar judicial.

Pocas personas deben haber estado tan preocupadas ayer por la suerte del cargo de Moreno como Manuel Garrido. Ni el propio secretario de Comercio debe haber asignado a la hipótesis de su alejamiento más chance que Garrido. Pocos creían que la presidenta de la Nación iba a satisfacer el reclamo en tal sentido de Elisa Carrió y las entidades agropecuarias. Sin embargo, Garrido pidió al juez que tomara prevenciones ante la posibilidad de que “ocurra lo que los medios anuncian, es decir la renuncia a su cargo por parte del imputado Moreno”.

Manuel Garrido volvió a solicitar, además, la intervención del Indec, recordando que el mismo pedido había sido formulado en septiembre pasado, cuando se habían sumado distintos elementos que el denunciante consideró probatorios de “gravísimas irregularidades producidas en el ámbito del organismo”. En su escrito de ayer, Garrido enfatiza en que, desde entonces, se ha verificado “un agravamiento en la situación interna del Indec”.

El titular de la fiscalía de investigaciones recriminó al tribunal no haber impedido la ejecución de “maniobras dilatorias desde el Ministerio de Economía”, que habrían impedido la realización de allanamientos y secuestro de documentación en el Indec. Todo lo cual, indica, sumado a “la escasa actividad probatoria desarrollada hasta el momento, hace suponer que el futuro de los presentes actuados no luce precisamente promisorio”.

“Las adulteraciones de los índices que son objeto de investigación en las presentes actuaciones, además de provocar la implosión del Indec, que tiene competencias de superlativa importancia en la vida de cualquier Estado, afectan la vida económica diaria del país al generar incertidumbre y desconfianza en torno a datos económicos cuya trascendencia es innegable”, insistió el fiscal. Finalmente, responsabiliza al juez Canicoba Corral por “lo que en enero de 2007 era incipiente, ha terminado por generar un descalabro institucional de proporciones que V.S. pudo y debió haber evitado”.

Garrido fue designado jefe de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, en enero de 2003, cuando tenía 38 años. Previamente había tenido un paso como director de Investigaciones de la mencionada Oficina, luego de haber sido en los años previos secretario de la jueza Luisa Riva Aramayo, magistrada que quedó estrechamente ligada a la gestión menemista en una etapa en la que la Justicia no se caracterizó por su independencia. Fue el propio gobierno de Duhalde –a través de su ministro de Justicia, Juan José Alvarez– el que lo promovió a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Anteriormente, había fracasado en varias oportunidades al concursar por un cargo de juez en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

Garrido acumula varias denuncias contra la administración kirchnerista. Apeló el cierre de la causa que investigaba el patrimonio de la familia Kirchner, resuelta por Canicoba Corral, y pidió el procesamiento del secretario de Medios, Enrique Albistur, por la distribución de publicidad oficial supuestamente en favor de allegados.