En el Consejo de la Magistratura entró un pedido de juicio político al juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, quien tenía a su cargo al represor Julián Oscar “Laucha” Corres, que se fugó de su celda en la madrugada del 26 de julio. El abogado Ernesto Julio Moreau pidió que se investigue “si el magistrado ha incurrido en mal desempeño”, especialmente por:

- Haber dispuesto que la detención de Corres, quien estuvo un año y medio prófugo, se cumpliera en una delegación de la Policía Federal, “ámbito claramente inadecuado”.

- Haber permitido, por acción u omisión, condiciones privilegiadas de detención para Corres, las cuales “además de constituir un privilegio inadmisible y una ofensa a las víctimas, visiblemente le facilitaban la fuga en cualquier momento”.

- Haberse anticipado a retomar sus funciones quince días antes de la culminación de sus vacaciones, “con el confesado objetivo de asumir la investigación de la fuga y de las responsabilidades de los jefes de la delegación de la Policía Federal, con quienes tenía una relación de larga data”, al igual que con el prófugo, “a quien conocía desde que ejerció como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984”.