Tucumán fue la cuna del terrorismo de Estado. Fue el general Adel Vilas quien instauró allí en 1975 la tortura como método e instaló el primer centro clandestino en Famaillá. En 1985 el nombre del Malevo Ferreyra integró la lista de represores que elaboró la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de Derechos Humanos provincial. Pero durante 33 años nadie le pidió explicaciones. La reapertura de las causas en 2003 se tradujo allí en dosis homeopáticas de justicia. En cinco años la lista de procesados no llega a diez: todos altos mandos militares. La parálisis derivó el mes pasado en una recomendación de la Cámara Federal al juez Daniel Bejas para que citara a indagatoria a secuestradores y asesinos. Mientras Su Señoría analizaba la orden, Ferreyra habló en los medios, amenazó a sus acusadores y luego de alegar contra el proceso de justicia se dio el lujo de matarse ante cámara. Tal como ocurrió con el prefecto Héctor Febres y los coroneles César Anadón y Paul Navone, por decisiones de jueces federales un represor vuelva a burlarse de la Justicia y de toda la sociedad.