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Ocho días duró el globo de ensayo de la colimba educativa soltado por el gobernador bonaerense, Felipe Solá, a principios de octubre. El proyecto, presentado por el senador bonaerense del PJ Alejandro Hugo Corvatta pretendía resolver la deserción escolar con educación en los cuarteles. Desde el 1º de octubre, cuando Solá lo consideró “una sana idea”, hasta el 9, cuando el director de Educación provincial Mario Oporto lo dio por abortado, el ideario del servicio militar-educativo recibió más palos que rosas.
El proyecto de Corvatta nunca dejó de ser tal cosa. Según su propio autor, la idea consistió en combatir la deserción escolar en el Polimodal, incorporando a los jóvenes desertores a los cuarteles “donde aprenderán oficios y estarán alejados de la calle y la delincuencia”. Para ello, se calculaba un costo de 150 pesos mensuales por cada chico acuartelado, que debería extenderse a unos 40 mil jóvenes. Al día siguiente de tomar estado público, el mismo Solá salió en su apoyo considerándolo una “sana idea”. Pero no alcanzó con el apoyo.
Desde todos los sectores, incluyendo docentes, derechos humanos, especialistas y del propio gobierno nacional, salieron a desarticular la idea considerada como “descabellada”. Entre otros cuestionamientos, se mencionó que se “militarizaba la pobreza”, y que el costo del proyecto era superior al sistema de becas de 100 pesos mensuales con las que se había buscado alentar la concurrencia a clases. Las becas fueron desechadas bajo el argumento de la falta de fondos.
El 9 de octubre, después de un calvario de críticas y palos, Solá decidió bajarle el pulgar y sostuvo que aunque seguía siendo “una sana idea”, “se apresuraron en anunciarla”. Oporto, ese día, reconoció que “la escuela es irreemplazable”.