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Ni el más acérrimo enemigo de la Convertibilidad ni el más convencido antiprivatista podrían negar el daño que la devaluación y posterior congelamiento tarifario ocasionaron sobre el negocio de las privatizadas, con parte de sus insumos y casi toda sus deudas dolarizadas. Sin embargo, un relevamiento histórico del Enargas pone en duda la justicia de las demandas, al menos de un grupo de adjudicatarias que no sólo esperan un aumento tarifario sino el auxilio estatal para afrontar sus obligaciones contraídas en moneda dura. De acuerdo a este detalle oficial, algunas empresas distribuyeron hasta el último peso de sus millonarias utilidades –a veces girándolas a sus socios del exterior–, lo que las obligó a endeudarse fuertemente para invertir.
El informe del Ente Nacional Regulador del Gas contempla los balances de cada adjudicataria desde el comienzo de cada concesión hasta septiembre del 2001, poco antes de la crisis institucional y económica que devino en el recambio de gobierno y posterior depreciación del peso. La modificación del tipo de cambio, seguida del congelamiento tarifario, y el incremento general en la morosidad de los usuarios dieron un golpe de gracia a un negocio hasta entonces muy próspero.
“Transportistas y distribuidoras se encontraron con un negocio cuasi monopólico y con tarifas que se ajustaban según la inflación de los Estados Unidos, cuando en Argentina había deflación”, recuerda el consultor y analista de balances Rafael Ber. Esa habría sido la clave para que inversores externos se animen a un negocio que exigía millonarias inversiones en un país económica y políticamente tan inestable como Argentina. “Sólo con una rentabilidad alta y segura y recibiendo periódicamente dividendos los socios extranjeros admitieron hacer esta apuesta”, sentenció el especialista ante Página/12. Bajo ese estímulo común, luego cada empresa escribió una historia diferente, según demuestran los datos del Enargas (ver cuadro).
Transportadora de Gas del Sur, la sociedad de la norteamericana Enron y la local Pérez Companc podrían ser un caso testigo de privatizada que repartió cuanta ganancia pudo y apeló al crédito barato del exterior para financiar obras comprometidas: con el paraguas del 1 a 1, antes de diciembre no era descabellado buscar afuera préstamos que resultaban más baratos que adentro. Hasta septiembre del año pasado TGS distribuyó utilidades por 1397 millones de pesos (o dólares). Al mismo tiempo, acumuló deuda por 1080 millones de dólares.
Metrogas, operada por British Gas, se declaró recientemente en défault por no poder afrontar vencimientos de su deuda, que entonces sumaba 413 millones de dólares. La cesación de pago era casi obvia si se atiende a que la distribuidora gasífera sigue recaudando en pesos –y con tarifas congeladas–, mientras que debe afrontar obligaciones en dólares. Pero el descargo se relativiza si se mira que, desde que se le adjudicó la red capitalina, repartió utilidades por 430 millones. Según Ber, el mecanismo en sí mismo no es ni técnica ni éticamente reprochable. Por el contrario, financiar inversiones con deudas y, al mismo tiempo, estimular a los socios con buenos dividendos, es “un procedimiento bastante habitual en el mundo”.
Cuando Eduardo Duhalde constituyó la comisión renegociadora de los contratos de las privatizadas, algunos técnicos y legisladores del propio justicialismo impulsaron el criterio de que ese grupo debía hacer un análisis histórico de cada contrato, para desmenuzar con gran detalle el negocio de cada una. El objetivo sería “premiar” con un aumento de tarifas sólo a aquellas privatizadas que demostraran una buena conducta en términos de inversión y manejo de sus utilidades. Pero el Presidente optó, simplemente, por encomendarle a la comisión que vea cuánto es necesario ajustar el precio de los servicios para compensar a las prestadoras por los efectos de la devaluación, sin mirar en detalle cuánto ganaron ni qué hicieron con esas utilidades.