El lanzamiento de un nuevo plan de empleo a través de la creación de cooperativas se convertirá en la respuesta del Gobierno a la polémica sobre la universalización de la política social. También será una respuesta a la versión más acotada del debate: la extensión del salario familiar a los desocupados y trabajadores en negro. La iniciativa del Gobierno está acorde con el pensamiento íntimo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de sus principales colaboradores. La línea de trabajo que está circulando en el edificio de 9 de Julio y Belgrano contrapone la entrega de subsidios a la pobreza con la creación de trabajo genuino desde el Estado: o sea empleos que presuponen un sueldo mínimo –como los 1500 pesos aprobados en el Consejo del Salario– y cobertura médica a través de la obra social respectiva. El principal argumento que esgrimen en el Gobierno es que la inclusión a un empleo genuino de trabajadores que hasta ese momento se desempeñaban en la economía informal genera un derecho adquirido, un avance que luego será complejo de retrotraer desde el propio Estado si cambia su política económica. Además, el sector informal de la economía es el primero en sufrir las consecuencias de cualquier crisis.