Junto al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, el vicepresidente Julio Cobos fue la figura estelar de la 65ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ayer se reunió en Buenos Aires. Al lado de los principales detractores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Gobierno y aprobada por amplia mayoría en el Congreso, Cobos consideró que se trató de “un paso hacia adelante”, pero inmediatamente aclaró que “seguramente será modificada” en el futuro. Esa calificación como un avance fue lo único positivo que se le escuchó decir al vice sobre la iniciativa del Ejecutivo que él mismo integra, mientras que contentó al auditorio con duras críticas al kirchnerismo por no reprimir el bloqueo de distribuidoras de diarios por parte del gremio de Camioneros: “Es un hecho lamentable que tiene que ser condenado políticamente y también con la intervención que les requiere a quienes ejercen la responsabilidad para garantizar el derecho a trabajar libremente”.

Como sabía que el Hotel Hilton sería el centro de las críticas más feroces al Gobierno que comparte, al menos formalmente, Cobos prefirió no dejar ni una palabra de su discurso librada al azar y leerlo prolijamente, en vez de improvisar, como suele hacer en la mayoría de los actos. En ese contexto se atrevió a calificar como “un paso hacia adelante” la nueva ley, aunque acto seguido aclaró que la ley que regule los medios de comunicación “debe realizarse en beneficio de todos, no en perjuicio de algunos, demostrando así que somos capaces de construir metas colectivas sin afectar derechos individuales o sectoriales”. No se detuvo en detallar cómo se democratiza el sistema de medios sin afectar los intereses de los grandes multimedios y las empresas en posición dominante.

Pero el vice aseguró que se podría haber hecho “una norma más enriquecida, por la reflexión que otorga un diálogo profundo y sincero, un tiempo prudencial de discusión y una mayor apertura a las sugerencias”. Fue una forma diplomática para decir que, según su criterio, la ley aprobada no tuvo previamente un diálogo profundo y sincero ni un tiempo adecuado de discusión y que tampoco se aceptaron con amplitud las sugerencias de otros espacios.

Entre los integrantes del panel estaba el presidente saliente de la SIP, Enrique Santos, quien reiteró su “profunda preocupación” por la libertad de prensa en América latina. El editor del diario El Tiempo de Colombia sostuvo que “el sistema legal que se está construyendo a nivel continental parece destinado a debilitar a los medios de comunicación y fortalecer los controles del Estado”, en referencia a las leyes aprobadas en Venezuela y Argentina y a la norma en debate en Ecuador. “Hoy nos encontramos en Argentina, que enfrenta otra vez serias amenazas a la libertad de prensa”, advirtió Santos, quien lamentó que Cristina Fernández no se haya prestado a presenciar su embestida. El titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, relató que la participación de los jefes de Estado en la asamblea “ha sido una tradición por casi cien años, aunque no es la primera vez, porque el presidente Hugo Chávez tampoco asistió el año pasado en Venezuela”.

El auditorio también contó con la presencia de los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay), César Gaviria Trujillo (Colombia) y Carlos Mesa (Bolivia). Durante su discurso, Cobos apeló a sus años como gobernador de Mendoza y reveló que “siempre hay roces” entre los medios y los Estados, pero estimó que “la relación con la prensa debe ser una relación lógica e institucional”. Por eso exigió “reglas claras” y que “la pauta oficial debe sea distribuida con equidad”, pero afirmó que si esta situación no se produce “tampoco debe ser la causa para que la prensa tome postura a favor o en contra del Gobierno”.

Consultado sobre la protesta que hicieron camioneros liderados por el dirigente Pablo Moyano, apuntó que “una cosa es protestar en base a un derecho, pero otra cosa es restringir los derechos de los demás”. Además, Cobos reclamó que cuando se vulnera “algún derecho” haya una acción “no sólo de la policía sino también de la Justicia”.