Downey, McGrath y Cárdenas: Lobby contra la Argentina ante el gobierno de los Estados Unidos.

Tom Downey fue diputado por el Partido Demócrata de los Estados Unidos durante dieciocho años, en catorce de los cuales integró la decisiva comisión de Ways and Means, una de las más poderosas del Congreso, en la que se deciden las cuestiones financieras e impositivas. Allí conoció a su colega republicano Ray McGrath, con quien forjó una cordial relación. Ambos terminaron su mandato en 1993 y decidieron capitalizar su experiencia y contactos en una consultora que realizara tareas de lobby en Washington, sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por cuenta de empresas y otras organizaciones interesadas en influir sobre las políticas públicas. Su empresa se llama Downey McGrath Group, Inc. y según su presentación institucional ayuda a sus clientes a desarrollar estrategias en cuestiones políticas, legislativas y regulatorias que sirvan para “modelar las acciones gubernativas”. Sostienen que sus esfuerzos han sido exitosos para la aprobación de leyes, asignación de fondos y decisiones políticas. El detalle de estas actividades puede consultarse en la dirección electrónica http://www.dmggroup.com/index.html. Entre sus clientes figuran Time Warner Cable, Discovery Communications, Federal Express, Lazard Group y Cablevisión. De acuerdo con la ley que reguló las actividades de lobby en 1995, las empresas que se dedican a influir sobre el gobierno en favor de intereses privados, deben registrarse, para impedir los abusos que antes de ese año concluyeron en sonoros escándalos. Una ley similar sancionó en 1973 el gobierno argentino del presidente Juan Perón, que no lo sobrevivió. Cada trimestre las firmas que se dedican al lobby deben informar al Congreso quiénes son sus clientes, en qué temas están interesados y cuánto les pagan por la tarea. Un formulario presentado el 15 de agosto declara que Cablevisión es un cliente nuevo de la firma, que es una empresa extranjera de comunicaciones, radiodifusión y televisión, interesada en las modificaciones propuestas a la ley de medios de la Argentina. En el trimestre julio-octubre de este año, pagó por el asesoramiento del grupo Downey McGrath 60.000 dólares. La línea 14 del formulario inquiere si alguna empresa extranjera posee por lo menos el 20 por ciento de las acciones del cliente de la consultora, en forma directa o indirecta supervisa, controla, dirige, financia o subsidia la actividad del cliente o tiene interés en el resultado del lobby. La respuesta es afirmativa y el detalle indica que se trata de Clarín SA, que posee el 51 por ciento de Cablevisión y en el mismo periodo invirtió en tareas de lobby otros 75.000 dólares. La nómina declarada de personal que trabaja para el cliente incluye a los dos ex diputados y al colaborador de Downey desde sus años en el Congreso, John Olinger. En cambio no menciona al especialista argentino que los acompaña en sus gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, Emilio J. Cárdenas, quien argumenta ante los funcionarios en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que el Congreso argentino sancionó en octubre. Tampoco dice cuál es su remuneración por la faena. Dado que la ley no se trató en Capitol Hill sino en el Congreso de Buenos Aires, lo único que pudieron hacer Cárdenas y la firma contratada para que le abriera las puertas fue promover actos hostiles a la Argentina. Emilio J. Cárdenas fue presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros en la Argentina, directivo de la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, profesor de la Universidad de Illinois y propietario en condominios y sociedades de 13.134 hectáreas en Benito Juárez, Maipú y 9 de Julio y su estudio especializado en derecho bancario y capitalización de deuda participó en forma activa en el desguace del Estado. Entre sus clientes estaban algunos de los principales bancos acreedores, como Morgan, Manufacturers Hanover y Middland. Antes, durante la dictadura militar, Cárdenas intervino en la renegociación de la deuda de Aerolíneas Argentinas. Durante la 26ª Convención del Instituto para el Desarrollo de Empresarios, IDEA, realizada en octubre de 1990, Cárdenas sostuvo que la Argentina vivía en cleptocracia. El entonces presidente Carlos Menem le ofreció entonces la embajada argentina ante las Naciones Unidas y Cárdenas marchó contento a representar ante el mundo al que había definido como gobierno de los ladrones. Su gestión como lobbysta que argumenta en defensa de la libertad de expresión que sería atacada por el gobierno argentino no ha sido exitosa. Ni el Departamento de Estado ni el Congreso estadounidense han hecho pronunciamientos críticos contra la ley de medios, tal vez porque la embajadora Vila Socorro Martínez transmitió a su gobierno una opinión muy favorable a esa ley. El lunes de esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, felicitó al gobierno argentino por la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público, “lo cual sienta un precedente para que la prensa pueda trabajar sin inhibiciones ni temores”. Según el presidente de la SIP, Antonio Aguirre, la nueva ley coincide con la prédica de esa institución para que las legislaciones nacionales se ajusten a las normas jurídicas del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard agregó que se trata de “un logro trascendente”, que permitirá que los periodistas trabajen con libertad y no tengan que autocensurarse cuando investigan “temas complejos que atañen a funcionarios públicos”. El martes 24, el diario Washington Post informó que la emisora radial La Voz de los Estados Unidos se propone incrementar su audiencia latinoamericana “para contrarrestar los ataques contra Estados Unidos por parte de varios presidentes de la región”, entre quienes no está la mandataria argentina. Ni la felicitación de la SIP ni la nota del Post fueron conocidas por quienes se informan a través de los clientes argentinos de Cárdenas, Downey y McGrath.